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Crisis por la Palma Pride Week

El Pride Week Palma pide a Ben Amics que no se produzcan altercados

Ha advertido que si ocurren acudirá a los tribunales e interpondrán las «correspondientes acciones legales

La organizadora de la Palma Pride Week y fundadora de Ella Global Community, Kristin Hansen. | Jaume Morey

| Palma |

La organización del Pride Week de Palma ha pedido a la asociación Ben Amis que exigirá «responsabilidades» si durante la celebración del «Orgullo 2022», del 18 al 28 de este mes, «estas personas acuden o envían a otras para causar cualquier tipo de altercado». A través de un comunicado, Ella Global Community, empresa organizadora del Pride Week de Palma, ha alertado de esta posibilidad y ha anunciado que «si Ben Amics continúa en su insistente comportamiento de ataques y falsedades», acudirá a los tribunales e interpondrán las «correspondientes acciones legales».

Esta empresa reivindica una Pride Week Palma «pacífica, sin ningún tipo de falsa polémica» y solicita a Ben Amics el cese de «sus injerencias en la celebración de un acto tan maravilloso, necesario, abierto, plural y diverso», y espera que el ayuntamiento y el Govern balear «estén a la altura de los derechos y libertades de los ciudadanos, así como de la buena gestión pública». Ella Global Community ha manifestado su voluntad de «seguir trabajando de forma pacífica, sin ningún tipo de falsa polémica», y ha solicitado a Ben Amics «el cese de sus injerencias en la celebración de un acto tan necesario como el Pride Week Palma». La organización del «Orgullo 2022» en Palma asegura que dispone de todos los permisos para celebrar esta fiesta y lamenta las «terribles injurias y calumnias vertidas» sobre esta empresa y sobre la persona de Kristin Hansen, organizadora del Pride Week Palma.

Finalmente, esta empresa critica que Ben Amics hable de «mercantilización» de esta actividad cuando esta asociación «se nutre completamente y de forma abusiva del dinero del contribuyente». «Entendemos que los intereses de Ben Amics deben ser precisamente ésos, seguirse apropiando de forma monopolística de los derechos LGTBIO+ a costa de subvenciones como, por ejemplo, los más de 90.000 euros que cobraron en 2021 por el único hecho de cambiar de sede, entre muchas otras subvenciones», se afirma en el comunicado.

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