El Govern balear critica que el Plan General de Palma contemple la redacción de una normativa especial para Son Busquets cuando ya existe una aprobada y que esta duplicidad retrasará la puesta en marcha del proyecto de 897 viviendas protegidas en el antiguo cuartel militar situado entre la carretera de Valldemossa y la de Sóller. El pasado 23 de diciembre el director general de Vivienda y Arquitectura, Eduardo Rosby, presentó las alegaciones de su departamento al futuro PGOU del municipio. Estas alegaciones, como ya publicó este diario, ponen en duda los cálculos de aspectos fundamentales como la necesidad de vivienda o la distribución de la oferta de nuevos inmuebles, entre otros, y, por tanto, cuestionan la viabilidad de la normativa.
Pero las reticencias del director general del Govern no se limitaron a aspectos generales y, en su argumentación, dedica un apartado completo a uno de las iniciativas más publicitadas del Ajuntament a nivel urbanístico, el proyecto de Son Busquets. En este sentido Rosby recuerda que esta promoción de viviendas sociales ya disponía de un plan especial aprobado inicialmente y critica que, según recogen sus alegaciones, «en vez de aprovecharse el trabajo que ya se tenía hecho se propone redactar un nuevo plan especial con unas directrices diferentes». Esta circunstancia implicará, a su criterio, demorar la ejecución del proyecto y concluye con una reflexión contundente, «si cada vez que se revisa un plan tenemos que cambiar el camino recorrido nunca vamos a ver estas viviendas tan necesarias materializadas».
La ficha de Son Busquets en el PGOU, aparte de especificar la obligación de redactar un nuevo plan especial, establece que la futura urbanización tendrá el acceso motorizado restringido a residentes, «en aplicación del principio organizativo de la supermanzana» y recomienda mantener los edificios ya restaurados, la torre de vigilancia, el depósito de agua, un hangar y una decena de naves.
Sin embargo, según señala el representante del Govern el número de viviendas previstas, las citadas 897, es superior a las 828 que incluía el plan especial ya aprobado además, según escribe, «llama la atención que en la edificabilidad total máxima solo se incluyan usos terciarios y residenciales y que no se incluya ningún equipamiento». Instalaciones sanitarias, docentes, deportivas o culturales que, al parecer, sí aparecían en el plan específico que ahora se obvia y que, según da a entender, serán sustituidas por más viviendas en la nueva redacción.
Reacción
Por otra parte, director general de Vivienda se puso en contacto con este diario para asegurar que su área está de acuerdo con el plan y los conceptos que defiende y que el contenido de sus alegaciones son «sugerencias» para mejorar el texto «si los técnicos municipales lo considera conveniente ya que no discutimos el modelo porque no nos corresponde». Rosby, finalmente, reconoció que la redacción de sus alegaciones «no es la más acertada».
El apunte
El texto no contempla ningún equipamiento en la urbanización de Can Domenge
El Plan General de Palma establece una decena de áreas donde se prevé actuaciones de transformación urbanística «de compleja gestión» y prevé que su ordenación detallada se realice a través de un plan especial. Las alegaciones de la dirección general de Vivienda se centra en las tres áreas que se proyectan en suelo de titularidad pública, la ya comentada de Son Busquets, Can Domenge y vía cintura, en una zona entre el Estadio Balear y Son Guells.
En el caso de Can Domenge, donde está previsto construir 360 viviendas protegidas, las alegaciones recogen que no está previsto ningún equipamiento cuando, señalan «era una petición reiterada por parte del Consell Insular», propietario de los terrenos.
El texto también cuestiona los plazos de edificación en parcelas destinadas para viviendas protegidas como es el caso tanto de Son Busquets como de Can Domenge. El Plan propuesto por Cort dice que las obras se deberán acabar en 30 meses, pudiéndose ampliar «excepcionalmente» a otros 15 meses. Sin embargo, desde el Govern se recuerda que el artículo 17 del Real decreto sobre política de vivienda «establece una prórroga máxima de un tercio del plazo establecido», es decir, 10 meses.