La polémica envuelve el derribo, esta semana, de los últimos restos de muros originales de la antigua Casa del Poble a petición del Ajuntament para evitar el riesgo de desprendimientos en la vía pública. «No son obras, se ejecuta el requerimiento de Cort», dijeron fuentes de la propiedad del solar, aunque el equipo de gobierno decidió pedir el jueves que se conserven los vestigios.
El pasado 11 de febrero, el vicepresidente y conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica, Juan Pedro Yllanes, emitió un informe en el que, tras estudiar la petición de protección del solar de la Casa del Poble, consideró que «actualmente no existe valor patrimonial del solar ya que el edificio se declaró en ruinas y se derribó en 1975». Además, «los herederos legítimos de la Casa del Poble renunciaron a los derechos que tenían sobre la propiedad».
El informe también declara que «está justificada la condición de espacio que ha tenido un interés para la comunidad histórica» aunque tras el informe de la abogacía de la Comunitat Autònoma se concluye que «no es conforme a derecho la suspensión de licencias solicitadas ya que el solar está libre de cargas», lo que anularía la obligación de ceder este espacio al movimiento obrero, tal y como pidió el banquero JoanMarch. La Conselleria también rechazó iniciar el procedimiento de la inscripción del solar como Espai de Memòria i Reconeixement Democràtics. El próximo de 1 abril, la promotora se reunirá con el Govern y Cort.