La portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Palma, Eva Pomar, ha acusado al equipo de gobierno municipal de imponer en los presupuestos de 2022 una tasa de 60 euros por certificar que no se han cometido infracciones urbanístias, un trámite que ahora cuesta 1,30 euros.
El grupo de Cs se ha opuesto a la modificación de la ordenanza fiscal que regula la tasa por expedición de documentos administrativos por considerar injusto este precio. «Es una muestra más del afán recaudatorio del Pacte de izquierdas, que muestra la mentira del alcalde Hila cuando en el debate de la ciudad prometió que no iba a aumentar la carga fiscal sobre los palmesanos», ha señalado Pomar.
En un comunicado, la concejala de la oposición asegura que «en los últimos meses, el pacte va creando nuevas tasas, subiendo las existentes y aumentando las multas sobre la ciudadanía».