El área de Salut del Ajuntament de Palma abre al año una media de 200 expedientes por insalubridad en viviendas, de los cuales una decena son casos graves de Diógenes. La mayoría de las notificaciones provienen de pisos que pertenecen a bancos en mal estado, edificios a medio construir o locales que cierran llenos de desperdicios e incluso con plagas. El drama del pianista Josep A. M., que vive en el ático de un piso de la calle Aragó y dio a conocer ayer Ultima Hora, «no se había visto antes», confirmó el director general del área, Joaquín de María. El perfil de aquellos expedientes abiertos por insalubridad grave en una vivienda particular sigue siempre el mismo patrón: personas mayores, en soledad y sin familia.
«Se trata de situaciones muy complejas», apuntó De María, quien informó que este propietario en concreto acumula una gran cantidad de notificaciones. Sin embargo, ante la imposibilidad de la Administración para ponerse en contacto con el pianista, Cort publicó el pasado 30 de noviembre una notificación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en la que se especifica que el hombre tiene 30 días para vaciar el inmueble. En estos casos, es la Policía Local quien, pasado este plazo, verificará si se ha resuelto el problema. «En caso contrario, se solicitará en los juzgados una autorización para entrar en el domicilio», matizó el director general.
Salud Mental
Una de las quejas de Joaquín de María se refiere, precisamente, a la falta de programas específicos de salud mental en Balears para casos como los de Josep A.M. «La actuación debería ser más social y no tanto punitiva. Poner una sanción o abrir expedientes no solucionará su problema». Los propietarios e inquilinos de este edificio de la calle Aragó llevan años solicitando a Cort «medidas urgentes» para ayudar a este señor de 80 años. El pasado 6 de octubre interpusieron una denuncia en el Juzgado de Instrucción por la preocupación de todo el bloque sobre el estado de salud del hombre. En este contexto, la coordinadora general de Benestar Social, Catalina Trobat, aseguró ayer que se lleva trabajando desde hace tiempo sobre este caso. «Este tipo de gente suele costar mucho que dejen entrar al trabajador al piso». Si bien el pasado 25 de noviembre una trabajadora finalmente pudo acceder, todavía falta esclarecer cuál es su diagnóstico. Así se podrá activar los protocolos que velen por su estado de salud mental.