El pleno del Ajuntament aprobó este jueves de forma inicial el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Palma, que configura la ciudad de los próximos veinte años, sin el apoyo de los partidos de la oposición. Vox votó en contra, mientras que PP, Ciudadanos y el regidor no adscrito Josep Lluís Bauzá se abstuvieron. Tras la reanudación de la sesión después de comer el PP aclaró que había habido un mal entendido y que su voto era en contra.
También la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) denunció la falta de soluciones al problema de la vivienda social y acusó a la clase política de «mentir sistemáticamente al anunciar soluciones que no llegan» sobre la vivienda y enzarzarse en disputas «en lugar de hacer lo que tienen que hacer, que son políticas efectivas y reales», expuso la representante de este colectivo, Ángela Pons.
Respaldada en el pleno por otros miembros de la plataforma, Pons aseguró que «no hay vivienda social suficiente y no tenemos tiempo de oír mentiras». «Hace quince años que reclamamos actuaciones, qué habéis hecho hasta ahora», preguntó.
Tan solo la presidenta de la Federació d'Associacions de Veïns de Palma (FAAVV), Maribel Alcázar, mostró su apoyo al nuevo plan, pero advirtió que el voto a favor que dio en la Gerència d'Urbanisme «no es un cheque en blanco, sino que exigimos un compromiso de participación en las decisiones finales de este plan».
El debate plenario comenzó con la intervención de la regidora de Model de Ciutat, Neus Truyol, que volvió a dar cuenta de los ejes del nuevo plan que, aseguró, «da respuesta a los retos que tiene la ciudad, como el cambio climático, el acceso a la vivienda, la protección del territorio o la movilidad».
Entre otros aspectos, la edil de Més recordó que el plan prevé una reducción del consumo del territorio, con una previsión de nuevos crecimientos en urbanizable de 268,29 hectáreas, que supone una reducción del 46 % respecto al planeamiento previsto en el avance de 2014. También se incrementa el suelo rústico protegido con la desclasificación de hasta 212,31 hectáreas en Son Gual, Gènova, Puntiró, Son Garcies Vell y parte de Son Pardo.
Pero la oposición criticó, al unísono, la falta de participación tanto ciudadana como de los partidos que ha regido la elaboración del nuevo plan y su falta de respuestas a problemas como los de la vivienda o la movilidad.
Cs Palma se abstuvo en la primera votación del PGOU y anunció que «el voto definitivo dependerá del grado de aceptación de las alegaciones, de la participación ciudadana y de la escucha activa a las entidades y colegios oficiales».
La portavoz del grupo municipal, Eva Pomar, lamentó que el nuevo PGOU «no aprovecha la oportunidad para convertir locales vacíos en viviendas». La edil afirmó que «actualmente, el 35% de los locales están vacíos y cerrados, desaprovechando un espacio importante, en un momento de crisis habitacional».
Pomar aseguró también que «el PGOU llega muy tarde, y debe dar respuesta a las necesitades presentes y futuras». En este sentido, criticó que «creemos que este PGOU no da respuesta al problema de acceso a la vivienda que sufre nuestra ciudad. Actualmente se están planteando medidas populistas de intervención del mercado que ya se han mostrado fracasadas en Berlín y Estocolmo». Y preguntó quá pasará con la clase media «que no podrá acceder ni a las VPO ni a las viviendas de lujo».
Asimismo, Pomar censuró que «en cuestiones de movilidad, lo vuelven a fiar todo a un tranvía del que se lleva hablando 20 años. La conexión entre Plaça d'Espanya y Son Espases se puede realizar con un autobús, por 200 millones de euros menos».
Por último, Pomar reclamó «realizar microcirugía urbanística», y criticó que «nos preocupa que no se simplifica la normativa, al contrario. Y actualmente, el retraso en la concesión de licencias es una de las principales losas urbanísticas de esta ciudad».
Desde el PP de Palma, Julio Martínez también censuró que «se ha privatizado el urbanismo cuando deberían haber buscado y consenso con la oposición y los ciudadanos». Añadió que «han jugado al Monopoly con los solares. Reducen el número de viviendas al rebajar el suelo urbanizable y dicen que lo compensarán con urbanizables que hoy no tienen uso, pero en todo este tiempo han tenido el detalle de informarnos de las negociaciones con los dueños de estos solares ni nos han pedido la opinión y todo esto nos generan dudas y sospechas». Martínez reiteró que «nos hubiera gustado participar pero ustedes no han querido».
El PP recalcó la falta de viviendas que prevé el plan y preguntó al alcalde «cuál es el mensaje para los jóvenes, ¿que tengan suerte con el sorteo de las VPO que se construirán?». Según dijo, el plan «consolida la gentrificación en muchas zonas de Palma».
En definitiva, el edil 'popular' consideró que «el PGOU no responde el equilibrio entre los distintos ejes, como la sostenibilidad, la vivienda o la movilidad, no es realista y así como están todas todas las normas crea inseguridad jurídica».
En materia de movilidad, Martínez criticó que «han redactado en plan como si los coches no existieran por lo que no contempla las necesidades reales».
Por su parte, el portavoz de Vox, Fulgencio Coll, también resaltó la falta de participación en el diseño de un plan que «se ha realizado con secretismo y con una fuerte carga ideológica y política». En su opinión «han fabricado el plan para las elecciones de 2023, no da soluciones a las carencias de vivienda o de movilidad y es un plan electoralista y no es realista».
Aseguró que su redacción dará lugar a inseguridad jurídica «por lo que muchos inversores se irán a invertir a otros sitios».
En definitiva, Coll declaró que «el nuevo plan es un brindis al sol y el próximo gobierno se verá abocado a realizar una nueva revisión que califique el triple de suelo para atender la demanda de vivienda». La reducción del suelo urbanizable que contempla el plan, aseguró, «provocará especulación y el encarecimiento de la vivienda».
Al final del debate, el alcalde de Palma, José Hila, quiso dar las gracias a los funcionarios y personal externo que ha ayudado a la elaboración de este plan que, aseveró, «está adaptado al siglo XXI».