El área de Model de Ciutat del Ajuntament de Palma, que dirige Neus Truyol, denunció este martes que el departamento de Habitatge ha puesto en conocimiento de la Conselleria de Mobilitat i Habitatge del Govern un listado de siete espacios que se anuncian en portales inmobiliarios y que no cumple las condiciones de habitabilidad.
Truyol explicó decreto de habitabilidad del Govern determina que la superficie interior útil mínima de una vivienda ha de ser de 26 metros cuadrados, entre otros requerimientos, algo que no cumplen los espacios denunciados. Según la Ley de Vivienda, recordó, este hecho lleva implícitas sanciones tipificadas como graves que pueden suponer multas que van de los 3.001 hasta los 30.000 euros.
«Es un despropósito que haya quien se aproveche de la emergencia habitacional que vivimos en Palma. Si los precios son desorbitados la demanda es tan desesperada que hasta incluso se aceptan espacios como los que hemos denunciado, que no son considerados viviendas según la ley», declaró la edil.
Entre los espacios que se han denunciado, que pertenecen tanto a particulares como inmobiliarias e incluso a entidades bancarias, hay tres que se comercializan en régimen de alquiler en Flor de Lis, Gènova y calle Manacor. El piso de Flor de Lis, que comercializa un banco, tiene 18 metros cuadrados y un precio de 480 euros mensuales. «Eso supone que el precio es de 26 euros el metro cuadrado, muy por encima de la media en Palma que es de 11 euros el m2», indicó Truyol. El local de Gènova tiene 25 metros cuadrados y se ofrece por 600 euros al mes, lo que supone un precio de 24 euros el metro cuadrado.
El área también ha encontrado cuatro infraviviendas que se venden, dos en los Pullman, uno en Ponent y otro en la Platja de Palma. Uno de los Pullman, por ejemplo, tiene 24 metros cuadrados y un precio de 125.000 euros.
Truyol dejó claro que «es el momento de enviar un mensaje firme y decir que no lo permitiremos, no permitiremos que la gente no pueda acceder a una vivienda y se tenga que conformar con espacios que la ley no considera aptos para vivir». Por eso, la responsable municipal consideró que «hace falta introducir medidas de contención del mercado y limitar los precios de los alquileres como desde hace tanto tiempo reclamamos».
A fin de impulsar cambios estructurales y normativos que hagan posible hacer frente a esta situación, prosiguió, «es preciso priorizar el incremento del parque público de vivienda de alquiler social, para lo que se debe financiar adecuadamente a los ayuntamientos, además de limitar los precios del alquiler». «Solo así garantizaremos realmente que la gente pueda acceder a una vivienda digna y no sea un bien especulativo», aseguró la edil.
La regidora también exigió que se introduzcan toda una serie de medidas complementarias como de protección legal ante los incumplimientos de códigos de buenas prácticas bancarias, programas de mediación de alquiler para personas vulnerables o incentivos fiscales para movilizar viviendas desocupadas.