Los ruidos, la tardanza en las respuesta del ayuntamiento y los trámites municipales, las quejas y la deficiencia de las infraestructuras son las principales quejas de los ciudadanos de Palma a la Defensora de la Ciudadanía durante el año 2020.
Así se recoge en la memoria de esta institución que ha sido presentada este martes en el salón de plenos de Cort por parte de la Defensora de la Ciudadanía, Anna Moilanen.
En cuanto al primer tema de disgusto ciudadanos, los palmesanos afirman que Palma sigue siendo una «ciudad muy ruidosa» y no es fácil, según la Defensora de la Ciudadanía, acabar con el ruido que perturba el derecho al descanso o sencillamente la tranquilidad de los vecinos.
Una vez acabado el confinamiento, las causas más frecuentes han sido las molestias por ruidos entre vecinos, la propia actividad municipal, como arreglo de las calles, reparaciones de la red de canalización de EMAYA, limpieza, los camiones de basura, los buses de la EMT, etcétera, y también por la actividad empresarial, sobre todo de bares, restaurantes y sus clientes.
Otra segunda queja ha sido la demora en las respuestas del ayuntamiento, que «no es lo mismo que la demora en las soluciones», se indica en la memoria.
El derecho del ciudadano, afirma esta institución, es recibir una respuesta a su demanda, independientemente de su contenido.
En tercer lugar figura el retraso en las tramitaciones burocráticas o administrativas, como las solicitudes de licencias de obras, solicitudes de citas, entregas de documentación, etcétera.
La suciedad de calles, aceras y cercanías de contenedores, solares municipales o parques públicos es otra molestia, y la de los solares privados que experimentan un paulatino proceso de abandono, llegándose a convertir en vertederos.
En quinto lugar en encuentran las deficiencias del estado de las infraestructuras de dominio público que, en ocasiones, llega a ser grave por el deterioro de calles, plazas, parques, alcorques y similares.
En 2020, la Defensora de la Ciudadanía trabajó en 552 expedientes presentados por los palmesanos, lo que supuso un 13 % más que el año anterior.
Estos expedientes se admiten a trámite una vez que existe una «evidencia razonable» de la vulneración de los derechos de la ciudadanía, por lo que son estudiados uno por uno.
Prácticamente, el 60 % de los expedientes se respondieron en menos de tres meses a los requerimientos de la defensora.
Las principales áreas implicadas en las reclamaciones ciudadanas se refieren a la Policía Local, licencias de actividades, urbanismo, sanidad y la Empresa Municipal de Agua y Alcantarillado (EMAYA).
Las reclamaciones ante la falta de presencia policial ante el requerimiento de la ciudadanía fue en aumento durante el año pasado.
En 2020, la Defensora de la Ciudadanía contabilizó 222 encuentros con asociaciones de vecinos, entidades y administraciones locales, además de otras 388 entrevistas con ciudadanos.
En la memoria se constata que la pandemia «ha puesto a prueba» a la administración local, sobre todo en la adaptación a los medios digitales y en la asistencia a la ciudadanía necesitada de ayuda social o vivienda.
«La demanda de una verdadera mediación por parte de la ciudadanía es imperante ya que está claro que la judicialización de los problemas no siempre es garantía de justicia o equidad», se subraya en la memoria.