El proyecto de restauración de la cantera de Can Rosselló, ubicada en Establiments junto a la pedrera de sa Garrigueta Rassa, también preocupa y mucho a los vecinos de la zona. Por eso han presentado alegaciones y han tomado la decisión de movilizarse. Confían en que la presión ciudadana surta los mismos efectos que, por ejemplo, en el caso de la hormigonera de Son Güells, un proyecto que finalmente fue descartado.
«El de Can Rosselló es un proyecto muy parecido en muchos sentidos al de sa Garrigueta Rassa (que está pendiente de ir a la Comissió de Medi Ambient), pues se trata igualmente de una explotación encubierta de una supuesta restauración y lo demuestra el hecho de que piden 25 años de gestión (30 en la otra cantera) y lo que se quiere hacer en definitiva es traer escombros y residuos, en vez de mandarlos a Mac Insular u otros sitios y tener que pagar por ellos, para supuestamente restaurar la cantera», explica Antonio Picazo, uno de los portavoces de la Plataforma ‘No Toqueu sa Garrigueta Rassa' y miembro de la Associació de Veïns de Son Rapinya .
«A todas luces es un proyecto totalmente insalubre y que solo busca el beneficio de la empresa a costa de la salud y de la posible contaminación de los acuíferos», añade el portavoz vecinal.
Evidentemente, Picazo expone que «los vecinos estamos en contra del proyecto de sa Garrigueta y también lo estamos aquí, porque no quieren una restauración sino convertir esto en una escombrera, sin pensar en lo que puede suponer para los vecinos».
Por eso, los vecinos y asociaciones implicadas han decidido movilizarse y por lo pronto realizarán un vídeo «para demostrar la imposibilidad del paso de dos camiones a la vez por esa carretera». También organizarán alguna cadena humana y/o concentración «a medida que la situación sanitaria lo permita».
Los afectados cuentan con el respaldo de Cort. Picazo asegura que la regidora de Model de Ciutat, Neus Truyol, «con la que hemos mantenido alguna que otra reunión, nos ha dicho que está totalmente en contra de este proyecto». Pero, avisan, «si los políticos no nos dan la razón, iremos a los juzgados, a Estrasburgo o hasta donde haga falta porque al fin al cabo fueron los juzgados los que pararon la actividad de ambas canteras en 2004».
Recuerdan que el plan de minas obliga a restaurar las canteras una vez cerradas, «pero aquí ninguna empresa ha cumplido».
«Si salen adelante será un infierno»
Expone Picazo que los residentes explican en las alegaciones que «durante 50 años estas canteras estuvieron literalmente amargando la vida a todos los vecinos de alrededor, y ahora piden 30 años en una y 25 años en la otra, lo que significaría que toda la vida de muchísima gente habría sido tener que aguantar toda una serie de perjuicios, de contaminación, ruidos, ...». Si los dos proyectos salieran adelante, por tanto, «sería un infierno para los vecinos».