Los habitantes de barrios del distrito Llevant como La Soledat o Nou Llevant son los que destinan un porcentaje más alto de su renta familiar al pago de la vivienda. Así lo informó ayer en comisión la regidora de Model de Ciutat, Neus Truyol, con motivo de la presentación por parte de Més y de Unidas Podemos de una moción para el control de los precios de alquiler abusivos.
La moción contó con el voto a favor del PSOE, por lo que se aprobó, y el rechazo de los tres partidos de la derecha, que la consideraron intervencionista.
Truyol expuso que en España un 38 % de las familias destinan más del 40 % de los ingresos a la vivienda, cuando lo recomendable es que no sea más de 30 %. En Palma, dijo, hay barrios donde ese porcentaje puede llegar hasta el 60 %, como en La Soledat o Nou Llevant, pero también en Pere Garau o Son Gotleu. «Las clases sociales con menos recursos son las que, con frecuencia, deben destinar más parte de sus ingresos a la vivienda», apuntó.
La moción aprobada insta al Gobierno central a aprobar una ley estatal de vivienda «que blinde la función social de la vivienda». También se insta al Estado a legislar para que comunidades y ayuntamientos puedan intervenir en el mercado para «impedir precios abusivos en los contratos de alquiler de viviendas». Por último, Cort se compromete a «seguir impulsando las políticas de vivienda en su ámbito competencial a través del ejercicio del derecho de tanteo y retracto para la adquisición de vivienda social».
El grupo municipal del PP votó en contra «porque la ley de vivienda ya existe y porque el Banco de España ya avisó de que la regulación del mercado tendría efectos contrarios al deseado, como se ha visto en lugares como Berlín, donde la limitación de los precios de alquiler dio lugar a una menor oferta y más mercado negro, y luego, encima, los tribunales anularon esta medida», explicó la edil Montse Oliveras.
Cs Palma también rechazó la moción (salvo el punto referido al impulso de las políticas vivienda por parte del Ajuntament) por el intervencionismo que supone. Su portavoz, Eva Pomar, explicó que la inversión extranjera en el mercado inmobiliario genera riqueza, y lógicamente los precios suben, «pero paralelamente a este mercado en alza es preciso crear un mercado de vivienda social».
El edil de Vox Fulgencio Coll recordó que «vivimos en una sociedad de libre mercado» y consideró que «el problema es que no se construye vivienda social, la inseguridad jurídica que retrae a inversores y el movimiento okupa que desestabiliza el mercado».