El plan de digitalización del Ajuntament de Palma está dando más de un quebradero de cabeza. Así por lo menos lo confirma la defensora de la Ciudadanía, Anna Moilanen, que compareció en las comisiones previas al pleno, acompañada de Vicente Rodrigo. Los problemas para alcanzar la administración electrónica han hecho que «los expedientes de obra de Model de Ciutat se demoren aún más, teniendo en cuenta la mochila que llevan a cuestas», señaló Rodrigo.
Otro ejemplo de los problemas que está dando la administración electrónica es el retraso de las oposiciones a 26 plazas de auxiliar administrativo, que se han retrasado sin fecha conocida por problemas técnicos. «Estamos preocupados por la gravedad que supone la paralización de estas pruebas para 7.000 personas». Desde el Consistorio señalan que en realidad los afectados son «3.000 en tasa de reposición y 3.000 en tasa de estabilización. Se trata de dos oportunidades con el mismo temario y se apuntan a las dos opciones».
Además, señalan que el retraso de los exámenes se debe a que «al apuntarse tanta gente no ha dado tiempo a revisar todas las solicitudes y publicar aún el listado de admitidos y excluidos». Fuente municipales reconocen que «es cierto que al juntarse con la implantación del registro electrónico obligatorio por ley, se ha ralentizado un poco el proceso».
Desde la Oficina de la defensora de la Ciudadanía se señala la ralentización de un proceso tan sencillo como inscribirse en el registro: «Antes bastaba que el funcionario pusiera unos sellos en unos minutos. Ahora con el ordenador necesitan veinte minutos por persona».
Embargo
Otro de los contratiempos que ha provocado la digitalización municipal ha aparecido en el departamento de multas. «Un ciudadano había hecho un recurso contra una multa de más de 10.000 euros que le embargó el Ajuntament por unas sanciones que ha demostrado que son injustas. El servicio está tan saturado que solo se atienden por orden de entrada de expediente y hay 400 de éstos pendientes», dice Romero. El vecino sigue embargado.