Los juzgados de Palma, la Audiencia Nacional y otros órganos judiciales tienen un mes para hacerse cargo de los 113 automóviles que tienen semi abandonados en el depósito municipal de Son Toells. La Sala de gobierno del TSJB adoptó en una de sus últimas sesiones un acuerdo para avisar a los jueces que, si en treinta días nadie se hace cargo de esos vehículos, estos serán destruidos.
El acuerdo sigue a una petición municipal por una situación enquistada desde hace años: a la vez que un juzgado de Instrucción de Palma investiga por un posible delito ambiental al Consistorio por los vertidos que provocan los automóviles almacenados en Son Toells, los órganos judiciales mantienen coches ahí depositados, algunos de ellos desde hace alrededor de una quincena de años.
La mayor parte de estos vehículos provienen de operaciones policiales en los que fueron incautados. Desde ese momento quedan a disposición del órgano que se encarga de esas diligencias, si bien en la práctica quedan almacenados sin muchas opciones de ser recuperados. Cuando sus propietarios se preocupan por ellos, los automóviles carecen de cualquier tipo de valor y es más la cantidad que hay que pagar por el depósito que el que tiene el coche. Cort y los órganos de gobierno judiciales llevan buscando meses una solución para el atasco de vehículos en el depósito municipal. El Ajuntament ha semivaciado las instalaciones ante los vertidos que se producen y las sanciones que impone el Govern sumada a la investigación por un posible delito ambiental. De esta manera, la administración local está obligada a llevar a cabo una serie de obras de adecuación del terreno que están presupuestados en 700.000 euros. Por el momento se han retirado más de 1.700 vehículos del antiguo almacén municipal.
Orden
Los responsables del Ajuntament aspiraban a contar con una orden judicial para destruir todos los vehículos. Estos habían sido tasados ya por la Policía Nacional y todos ellos tienen un valor nulo después de años almacenados. En los últimos meses, en todo caso, algunos de ellos han sido ya destruidos o retirados y el número de los que quedan ha bajado ligeramente.
Otra dificultad a la hora de vaciar el depósito de coches es que es cada juzgado responsable de cada vehículo sin que haya un órgano que centralice esos decomisos. La gran mayoría provienen de procedimientos penales en los que fueron incautados durante la explotación policial de las operaciones, pero también hay otros que corresponden a embargos civiles. Además de vehículos de los juzgados también hay otros que corresponden a la Agencia Tributaria y que provienen de embargos.
El TSJB también fija un plazo para vaciar de armas el depósito de la Guardia Civil
Al igual que el plazo de un mes para hacerse cargo de los vehículos, la Sala de gobierno del TSJB también ha fijado treinta días para resolver en torno a las armas que están almacenadas, en este caso en dependencias de la Guardia Civil de Balears. También se trata de efectos incautados en numerosas operaciones policiales desde hace años y que quedan custodiadas en el servicio de Intervención de Armas de la Benemérita que también está al límite de su capacidad.