Las empresas mayoristas de Mercapalma han sacado esta mañana, en hora punta, sus camiones a la carretera en protesta por la falta de respuesta por parte de la empresa (participada por el Ajuntament de Palma con un 54 % del accionariado y Mercasa con un 46 %) a sus demandas de ayudas que puedan paliar las importantes pérdidas de ingresos que han sufrido por la pandemia, en la que, afirman, su actividad ha caído entre un 50 y un 75 % debido a su gran dependencia con el sector turístico.
En la protesta han participado un total de 52 camiones que han provocado retenciones de tráfico en la Ma-30 al ser hora punta.
La presidenta de la Associació Patronal de Majoristes de Mercapalma, Marga Vanrell informó de que el permiso para la próxima protesta, con idéntico recorrido, se solicitará para el 15 de abril.
La convocatoria tiene lugar de 7.30 a 8.30 horas. Las empresas han sacado dos vehículos cada una a la calle para realizar un recorrido con salida desde Mercapalma. Esta misma protesta se celebrará, a partir de ahora, cada jueves «hasta que la dirección de Mercapalma nos dé respuesta y solución a lo que pedimos», advirtieron desde la .
Recuerdan que estas empresas «respondieron a la sociedad en un momento de extrema dificultad en el que había problemas graves de abastecimiento debido al confinamiento domiciliario». Ahora para poder seguir subsistiendo solicitan a la dirección de Mercapalma la reducción mínima del 50 % de los cánones de estancia en Mercapalma con carácter retroactivo desde el inicio de la pandemia y la exención del pago de la tasa de entrada de vehículos. Los pagos íntegros de estos conceptos, alertan, «comprometen la viabilidad de las empresas y en algunos casos las condenan a la quiebra y el cierre».
Lamentan que la empresa, a fin de dar cumplimiento al Real decreto Ley 35/2020 de grandes tenedores de alquileres, tan solo se les ofreció el año pasado el aplazamiento del pago de los cánones de forma puntual, lo que para estas empresas supuso «posponer el problema» y ahora les está asfixiando a la hora de hacer frente al pago.
El concejal de Promoció Econòmica i Ocupació, Rodrigo Romero, informó el martes que «todo lo que podamos hacer lo vamos a hacer, por lo que una vez que las empresas certifiquen que cumplen los requisitos de unas pérdidas de, al menos, el 50 % se le concederá la reducción del alquiler, pero no con efecto retroactivo, pues no lo permite el decreto estatal». La rebaja sería por unos ocho meses «que sería equivalente a hacerlo retroactivo». Esta medida, indicó, supondrá un ahorro global de 200.000 euros por ocho meses. «Es una cantidad insignificante para empresas que facturan millones de euros, por eso ante estos números les hemos querido transmitir que lo que tienen que hacer es pedir la línea de ayudas estatales».
Pero la presidenta de la patronal, Marga Vanrell, lamentó que en la reunión de tres horas que mantuvieron el lunes con responsable municipales nada de esto se les comunicó, «solo que tenemos que pedir ayudas al Govern y al Consell y que ellos nos acompañaran en esta negociación».