La Audiencia Nacional ha reducido más de un 80 %, de 13,8 a 2,7 millones, la indemnización que la sociedad pública Palau de Congressos (participada por el Govern y el Ajuntament de Palma) debe pagar a la empresa Acciona por los daños y perjuicios causados por las dos paralizaciones que hubo en las obras del palacio de congresos y del hotel anexo.
Según informó el Consistorio, de los 13,8 millones de indemnización que suponía la sentencia en primera instancia, de noviembre de 2020, tras el recurso presentado por Palau de Congressos la cifra se ha reducido a los 2,7 millones. Desde Cort también se recordó que la pretensión inicial de la constructora fue la de reclamar 25 millones.
La regidora de Turisme, Elena Navarro, manifestó, como primera reacción, la satisfacción del equipo de Gobierno por el resultado del recurso que ha conseguido el Bufet Buades. «Estábamos convencidos de que las indemnizaciones por daños y perjuicios que pretendía Acciona eran injustificadas y absolutamente sobredimensionadas y en nuestro recurso ha quedado demostrado que teníamos razón», afirmó Navaro.
La edil añadió que «con esta nueva sentencia quien sale ganando es la ciudadanía» y recordó que «esta compensación es el resultado de las paralizaciones del proyecto durante los años de gestión del Partido Popular». En síntesis, explicó la nota de Cort, «la Sala establece que no hay responsabilidad de Palau de Congressos en relación a la primera paralización de las obras, que tuvo lugar entre el 29 de mayo y el 29 de noviembre de 2009, aceptando la tesis que defendía la sociedad de que no había relación contractual entre las partes».
Conceptos
Sobre la segunda paralización de los trabajos, entre el 25 de julio de 2012 y el 22 de julio de 2014, «se acepta únicamente lo que se admitió por parte de los peritos de Palau, un poco más de 80.000 euros». Por contra, se añadió, «sí se incluyen los gastos generales generados durante la paralización, pero no de acuerdo con los cálculos del perito de Acciona, sino el que realizó subsidiariamente el perito de Palau, mucho más ajustado, en concreto 1.783.765 euros».
A eso se deben sumar también los previsibles sobrecostes en mantenimiento y reparaciones por la parada de las obras «y en este caso la cifra se reduce también a más de la mitad, es decir, 441.700,06 euros».
Finalmente, en la decisión «se incluye el coste del seguro, que asciende a poco más de 400.000 euros y se rechaza toda responsabilidad de Palau por la demora que se pretendía imputar a la finalización de la obra».
Ante esta sentencia cabe recurso de casación por parte de la empresa constructora.
Una infraestructura que se demoró durante nueve años y tres legislaturas
El Palacio de Congresos de Palma se inauguró el 1 de abril de 2017, nueve años y tres legislaturas después de que se colocase la primera piedra, en abril de 2008, cuando se preveía que las obras durasen hasta 2011. La razón del gran retraso fue que las obras se detuvieron en dos ocasiones por distintas desavenencias entre la constructora y las administraciones baleares. Pero no fue el único problema, hubo otros como concursos fallidos o el abandono de una empresa promotora.