Un juzgado de lo Contencioso ha condenado al Ajuntament de Palma a indemnizar a un funcionario que vivió durante años una situación de acoso laboral por parte de sus superiores. La sentencia considera demostrado que existió una situación de «violencia psicológica» contra el empleado público, un ingeniero que trabajaba en el departamento de Actividades.
Los inmediatos superiores de este trabajador, entre ellos el entonces gerente de Urbanismo, cuestionaban sus decisiones y las puenteaban. Más tarde fue relevado de su plaza y asignado a una nueva en la que carecía de funciones. De hecho, ese puesto de trabajo no constaba siquiera en el organigrama municipal. Este comportamiento, junto a la negativa del gerente a recibirle y los daños psicológicos que acreditó el trabajador, llevan a la condena contra el Ajuntament, que no fue recurrida. La resolución habla de un «hostigamiento realizado a través de la ignorancia sobre su persona, su puesto y sus funciones» y considera que de ahí se derivan los daños psicológicos que sufre el afectado.
Exculpado
En paralelo a esta situación de acoso, el funcionario fue detenido e investigado en la causa por corrupción en torno a la Policía Local. Llegó a pasar dos meses en prisión preventiva por la clausura de un local que gestionaba el hijo de ‘La Paca', ‘El Ico' en Gomila. Finalmente ha sido exculpado y la causa ha sido archivada contra él sin llegar siquiera a juicio.
Al hilo de la situación de acoso el ingeniero pasó a trabajar en el Consell Insular. Ahora ha pedido su reincorporación a Cort una vez que ya no trabajan en el Consistorio quienes protagonizaron la situación de acoso en su contra y que ha sido exculpado de la investigación penal. Cort por el momento se ha opuesto a su reincorporación y ha contestado de forma negativa a esta petición de reingreso.
El trabajador ha iniciado los trámites para elevar una denuncia ante la Oficina Anticorrupció por esta situación. En primer lugar, reprocha a Cort que no haya repercutido la indemnización que le ha tenido que abonar contra los culpables de la situación de acoso laboral. Sostiene el escrito que supone que la Administración asuma unos daños que son responsabilidad de dos personas y que los compense con fondos públicos sin intentar recuperarlos.