Progreso en Verde denunciará ante la Fiscalía de Medio Ambiente los incumplimientos por parte de Cort relacionados con la ordenanza que regula la actividad de las galeras de caballos, una actividad denostada por los grupos animalistas por la explotación animal que supone.
El presidente del partido animalista, Guillermo Amengual, concreta que se denunciará el incumplimiento del acuerdo de pleno de 2014 para la revisión de la ordenanza, a fin de hacerla más restrictiva y proteger más a los animales. Además, añade Amengual, «también se denunciará la colocación de cascabeles en los caballos, que están prohibidos por la ordenanza actual y según los veterinarios son muy perjudiciales». Explica que «la ordenanza, que es de 2003, indica que no se les puede poner a los animales ningún accesorio y los cascabeles son especialmente dañinos para los caballos, pues tienen muy buen oído y tenerlos justo detrás de los oídos les resulta molesto».
La denuncia incluirá, asimismo, el incumplimiento de un decreto de 2013 que establece que se tiene que suprimir la parada de caballos de la calle Conqueridor. El partido también acudirá al Defensor del Pueblo.
El presidente de Progreso en Verde asevera que «hay algo muy turbio detrás del tema de las galeras que esperamos que algún día salga a la luz, no es normal todo lo que está sucediendo, todo lo que se les permite».
Los animalistas exigen también el rescate de las licencias. Ésta es la única opción después de que el Consell Consultiu dictaminase que las licencias de galeras podrán seguir heredándose, en contra de lo que Cort quería.
Lo cierto es que Mobilitat no tiene ninguna previsión de cuándo revisará la ordenanza que regula el servicio de galeras, un compromiso aprobado por el pleno hace seis años. El motivo esgrimido es «la falta de personal en el área y porque con la pandemia hay nuevas necesidades».
Tampoco sabe cuándo empezará a rescatar las licencias, como anunció el pasado verano el responsable de Mobilitat, Francesc Dalmau, quien ahora afirma que ni siquiera está cuantificado el coste, cuando sí lo está, porque lo hizo su antecesor, Joan Ferrer, la pasada legislatura. Éste concluyó que el coste sería de cerca de 1,4 millones, a razón de unos 50.000 euros por cada una de las 28 licencias existentes (23 en el centro y 5 en la Platja de Palma). Aunque la cifra podría ser menor, de alrededor de un millón.
Al respecto, Amengual entiende que «es mucho dinero y nunca hemos pretendido que se rescaten de golpe, y menos con la situación actual, pero si se hubiera hecho un plan a ocho años, rescatando, por ejemplo, tres por año habría sido posible», indica. Ahora, informa, «hemos presentado una propuesta de mínimos para eliminar al menos una licencia en 2021 para demostrar que hay ganas de hacerlo, aunque ya sabemos que no porque ni nos contestan a las peticiones».