En la última década se ha triplicado el número de piscinas nuevas construidas en las azoteas de los edificios en Palma, pues si en el año 2009 fueron 113 las instalaciones que consiguieron la aprobación por parte de la Gerència d'Urbanisme, el año pasado la cifra se elevo a las 350; con un incremento gradual año tras año. En 2017 fueron 186 y en 2018 otras 253, según las cifras aportadas por el Ajuntament de Palma.
A la vista de esta tendencia al alza y con la intención de limitar este tipo de instalaciones, el pasado mes de noviembre el Consistorio palmesano dictó una instrucción que fija los criterios en relación a la autorización de construcción de piscinas en las cubiertas de los edificios.
Esta instrucción delimita la autorización de piscinas en las azoteas solo dentro del volumen edificable y nunca por encima de esta cubierta de los edificios, como sí se habían estado autorizando hasta ese momento.
En consecuencia, desde el mes de noviembre Cort ha observado una disminución radical en el número de solicitudes de piscinas en cubiertas. De hecho, desde ese mes el número de licencias de obra con estas instalaciones en cubiertas que se han aprobado por la Gerència d'Urbanisme ha sido solo de tres, y además se trata de proyectos que entraron por registro previamente la publicación de la instrucción.
En todo caso esta instrucción «ha servido para revisar y fijar un criterio de acuerdo con la literalidad de la norma y estará vigente hasta que en el marco de la revisión del Plan General de Ordenación Urban (PGOU) se establezca la regulación definitiva», explica la regidora de Model de Ciutat, Neus Truyol.
La edil considera que «en los últimos años la instalación de piscina se había convertido en un problema que se tenía que resolver, tanto a nivel de convivencia en algunos barrios, como por la repercusión negativa que suponían para el entorno urbano y también por lo que se refiere al consumo excesivo de agua». En su opinión, por tanto, «hemos dado una respuesta a una problemática social y vecinal, pero también a la emergencia climática».