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Cort y Fiscalía mantienen el ‘caso IME' aún con la sentencia del Tribunal de Cuentas

Dos de los acusados del ‘caso IME’, con sus defensas, este viernes en la Audiencia.

| Palma |

El ‘caso IME' sigue adelante. La investigación por un supuesto desvío de fondos en el Instituto Municipal de Deportes será juzgado el próximo mes de mayo con peticiones de cárcel que suman 24 años para los cuatro acusados. La Fiscalía y el Ajuntament de Palma mantienen íntegra la acusación, incluía la reclamación de 750.000 euros frente a la petición de las defensas para que se tuviera en cuenta la sentencia del Tribunal de Cuentas por la que entendía que no había ninguna irregularidad contable en los hechos objetos de acusación.

La defensa de uno de los acusados planteó en la sesión previa al juicio celebrada este viernes una cuestión anterior en la que pedía a la Audiencia que desestimase la responsabilidad civil que se reclama a los acusados porque entiende que ese asunto ya ha sido resuelto por el Tribunal de Cuentas. El fiscal, Juan Carrau, se opuso a que se estimara esta alegación. Señaló que el alcance de la sentencia del Tribunal de Cuentas no es la misma que la de una investigación penal, en primer lugar porque sólo puede abordar los documentos emitidos por funcionarios públicos y no juzga la actuación de los particulares. De esta manera, señaló que mantendrá de forma íntegra la acusación en el juicio.

En el ‘caso IME' se acusa por parte del ministerio público y de la acusación por una serie de contratos para beneficiar supuestamente al empresario Antoni Roig. Entre ellos el supuesto gasto para colocar unas placas solares en el polideportivo Rudy Fernández de Palma que, en realidad, se gastaron en la reforma de un baño. El ministerio público sostiene que se inflaron además los precios de los contratos.

La causa es una de las derivadas de la causa de corrupción en la Policía Local y el ‘caso Cursach'. La intervención del instructor que la puso en marcha, Manuel Penalva y del fiscal, Miguel Ángel Subirán está siendo investigada por el TSJB por posibles detenciones ilegales.

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