La comunidad de propietarios de las galerías de la Plaza Mayor no dará su autorización a que el Ajuntament convierta este espacio en aparcamiento y advierte de que si Cort opta por esta opción emprenderán acciones judiciales.
El presidente de la comunidad de propietarios, Bernat Feliu, ha explicado que convertir el espacio central de las galerías en un aparcamiento supondría para empezar un cambio de usos y también la modificación de elementos comunes de esta zona de los que ellos también son propietarios, por lo que el Ajuntament necesitaría su consentimiento algo que «nunca daremos, ha asegurado.
«Al más mínimo toque de estos elementos comunes les pondremos una demanda judicial», ha advertido. Los copropietarios consideran «absurda e inexplicable» esta opción.
En cambio, los propietarios del 30 por ciento de los locales de estas galerías no se opondrían al segundo proyecto que baraja el Consistorio que podría combinar usos comerciales, gastronómicos o asistenciales.
«En este caso no podríamos problemas, porque queremos lo mejor para la ciudadanía para las galerías y para los copropietarios». Pese a que denuncian que el Ajuntament les 'ignora olímpicamente» y no han conseguido que les den hora para una reunión con el concejal de Participación Ciudadana y Gobierno Interior, Alberto Jarabo.
La comunidad de propietarios considera imprescindible la existencias de un supermercado que, han criticado, tuvo que cerrar por la «dictadura municipal», ya que 7 de los 10 locales que ocupaba eran de titularidad privada y todos estos propietarios estaban de acuerdo en que siguiera. No entienden como el Ajuntament le dio la semana pasada una prórroga al bar Flassaders pero aquí no quiso hacerlo.
Desde que Cort recuperó la concesión del aparcamiento y de los locales de su propiedad «actúa como si todo fuera suyo y no tuviera que contar con nadie más», ha lamentado Feliu.
Mientras el Ajuntament busca qué hacer con este espacio, las galerías se siguen degradando «y las escaleras unos días funcionan y otros no, ha habido algún corte de agua e incluso hay okupas en uno de los locales del Consistorio», ha afirmado el administrador de la junta, Bartomeu Castañer.
Otro de los problemas es que el edificio está sin seguro por lo que Castañer alertó del problema que supondría en caso de un incendio, por ejemplo.
La comunidad de propietarios tiene actualmente una deuda de 300.000 euros de la que el Consistorio se niega a pagar su parte, la correspondiente a los pagos que dejaron sin abonar los anteriores concesionarios. La Junta ha asegurado que tiene derecho a reclamar al Ajuntament los pagos de los últimos 3 años.
Pese a todo los copropietarios se han mostrado dispuestos al diálogo y esperan poder llegar a un acuerdo con el Ajuntament.