La Oficina Antidesahucios del Ajuntament de Palma ha detenido 1.759 desahucios desde 2015, año en que empezó a funcionar, según queda reflejado en el balance de este organismo del año 2019.
Respecto a los expedientes abiertos, ha resuelto el 79 % de los expedientes hipotecarios, el 66 % de los de alquiler, el 66 % de las okupaciones ilegales; resolviendo de media el 68 % de los expedientes que se han abierto desde que se puso en marcha.
La presentación del balance ha sido a cargo del teniente de alcalde de Cultura y Bienestar Social, Antoni Noguera y de la regidora de Modelo de Ciudad, Vivienda Digna y Sostenbilidad, Neus Truyol. En rueda de prensa, ambos han puesto en evidencia «la necesidad» de regular el mercado inmobiliario para «atacar de raíz las dinámicas perversas que perjudican las familias más vulnerables».
Desde su inauguración se han abierto y gestionado 3.332 expedientes. De estos, un 52 % han sido impago de alquileres, un 31 % expedientes hipotecarios, un 15 % okupaciones ilegales y un 1% corresponden a otro tipos de expedientes.
En 2019, se han gestionado 683 expedientes de los cuales el 59 % corresponden a impago de alquiler, el 18% a ejecuciones hipotecarias, y el 21 % a ocupaciones ilegales.
Según el Ajuntament, estos datos ponen «en evidencia» que los expedientes por impagos de alquiler se ha casi doblado respeto el 2015. Es decir, el año apertura de la oficina se tramitaron 174 expedientes de este tipo, y desde el 2017 la cifra ha ido aumentando, hasta la cifra de 401 expedientes gestionados el 2019, lo que supone el 60% de los expedientes de un año. En cambio, las ejecuciones hipotecarias han disminuido ligeramente.
Truyol ha expuesto que el problema del alquiler a Palma «es real», «perjudica a buena parte» de la población de Palma y de «forma más directa y grave a los más vulnerables», que son los que atiende la Oficina.
Según ha explicado, los casos por impago de alquiler vienen provocados por un aviso de finalización de contrato, es decir, que «el propietario no quiere renovar los alquileres vigentes o propone un precio superior al que se puede pagar». «Esta indefensión se tiene que combatir con medidas contundentes contra la especulación. «La vivienda no es un privilegio, es un derecho», ha remarcado.
La regidora de Modelo de Ciudad ha recordado que está en marcha la futura regulación del alquiler turístico, el análisis de la limitación de los precios de alquileres por barrios, la construcción de vivienda pública, el desarrollo de ley de la vivienda para multar a los propietarios que tienen pisos vacíos, entre otras medidas.
Tal como ha dicho, se parte de «un déficit de política activa en vivienda y la consecuencia es esta": «Una sociedad más débil ante el mercado especulador que no entiende de derechos públicos».
Por su parte, Noguera ha puesto en valor «la solvencia de la Oficina como red de apoyo a la ciudadanía» y ha reclamado que «es una responsabilidad compartida que necesita el espaldarazo y la coordinación otras administraciones por poder una respuesta proporcional a la emergencia habitacional que vive Palma».
El área de Cultura y Bienestar Social se hace cargo de la cobertura de muchas ayudas que adjudican a través de la Oficina y que en todo el año 2019 han supuesto 68.176 euros.
En relación a la tipología de núcleos de convivencia, la mayoría de las personas que acuden a la oficina son parejas con hijos (30 %), madres/paras solo con hijos (23 %) y personas suelas y grupo con relación familiar (15 %). Según el barrio de procedencia, las familias que acuden son de los barrios de Son Gotleu, Pere Garau, Foners, La Soledad y Camp Redó, principalmente.