Palma es la cuarta ciudad con la tarifa domiciliaria de agua más cara para un consumo de 10 metros cúbicos, con 22,90 euros al mes, solo por detrás de Murcia, Huelva y Barcelona, según el estudio anual de Facua-Consumidores en Acción.
La tarifa del agua varía hasta un 1.139 % según la ciudad en la que se reside, puede ser doce veces más cara de una a otra, de acuerdo a un estudio realizado por la entidad de las tarifas del suministro domicilario de agua en 2019 en las 50 capitales de provincia españolas.
Las variaciones tarifarias suponen hasta 313,80 euros al año de diferencia para una vivienda con un consumo de 10 metros cúbicos mensuales y un calibre de contador de 13 ó 15 mm, entre los 2,29 euros al mes que se pagan en León y los 28,43 euros que se abonan en Murcia.
Si el consumo alcanza los 20 m³ mensuales, las variaciones alcanzan los 746 euros al año.
Los precios comparados incluyen los cánones y recargos que se aplican en muchas ciudades pero no cuentan las tarifas por alquiler y mantenimiento de contadores ni el IVA.
De media, las viviendas con un consumo de 10 m³, ya sea con calibre de 13 o 15 mm, pagan de media 15,64 euros, en 2019. En aquellas familias con un consumo de 20 m³, sin importar el calibre, el precio medio alcanza los 33,10 euros.
Con contadores de 13 mm y un consumo de 10 m³, los importes más elevados encontrados por Facua han sido los de Murcia (con servicio gestionado por una empresa mixta), con una tarifa de 28,43 euros al mes, Barcelona (empresa mixta), 22,90 euros; Palma (empresa pública Emaya) 22,50 euros y Huelva (empresa mixta), 22,49 euros.
En el otro extremo se encuentra León (modelo de gestión mixto), con un precio de 2,29 euros para un consumo de agua de 10 m³ al mes, independientemente de si el calibre es de 13 o 15 mm. También es la ciudad más barata para un consumo mensual de 20 m³, con una tarifa de 8,69 euros. En ocho de las 53 ciudades analizadas por Facua han aumentado los precios con respecto a 2018.
La asociación reclama a los ayuntamientos que adopten un sistema progresivo de tarificación que refleje mejor el consumo de los hogares por número de habitantes, de tal manera que se penalicen los consumos excesivos de una manera más realista y justa.
La asociación considera imprescindible una regulación garantista frente al corte o suspensión del servicio, que defina y regule la situación de personas vulnerables de especial protección y que asegure un mínimo vital como un derecho de los usuarios.
Reivindica potenciar la visión del ciclo integral del agua y abordarla desde una nueva regulación que garantice el acceso al suministro a toda la población, unos precios justos y razonables, que reconozca su dimensión como derecho humano y recurso esencial para la vida.
Que se respete además el carácter renovable del recurso, garantice su uso sostenible, gestione la demanda para conseguir su uso eficiente y la calidad adecuada y los valores ambientales asociados al medio hídrico.