Una mujer de 79 años vecina de son Espanyolet ha presentado una reclamación contra Emaya para que asuma la reparación de su vivienda. La jubilada ha sido obligada a marcharse de su domicilio y a irse a vivir con sus hijos después de que el departamento de Disciplina Urbanística de Cort se la haya clausurado y le ordene reparar graves desperfectos del domicilio. La afectada achaca los daños que sufre la cimentación del edificio, una vivienda unifamiliar, a la fuga que se produjo en una tubería de la empresa municipal.
El pasado mes de octubre el Ajuntament de Palma ordenó el desalojo del domicilio. El suelo sobre el que se asienta el pequeño inmueble se ha curvado y provoca riesgo de que se derrumbe. La orden de ejecución urgente de obras fija un plazo de tres meses para que se ejecuten las actuaciones para consolidar el inmueble y plantea un presupuesto estimado de 21.000 euros para afrontar el proyecto. Sin embargo, la afectada y su familia han recibido presupuestos muy superiores que multiplican varias veces la cantidad calculada por la Administración. Además de la reclamación por una responsabilidad patrimonial contra Emaya, han recurrido al mismo tiempo la orden de desalojo y las reparaciones que les obliga a llevar a cabo el área de Urbanisme.
La afectada ha acudido a varias instancias municipales como a la defensora de la Ciudadanía. Por el momento, Emaya rechaza la existencia de una responsabilidad patrimonial por los daños de la vivienda. Señala que ya abordó una serie de reparaciones tras la rotura de la tubería y que el riesgo de derrumbe que ahora aprecian los técnicos no deriva de esa avería.
De esta manera, la vía que le queda a la jubilada para reclamar es plantear una demanda en los juzgados de lo Contencioso Administrativo contra la administración pública. Sin embargo, la resolución a un procedimiento de este tipo se puede prolongar años y, mientras, la mujer no podrá habitar su vivienda.