La reciente decisión de Cort de prohibir la construcción de piscinas en las azoteas de los edificios en el casco antiguo, es Jonquet y los edificios catalogados así como su limitación en el resto de Palma enfrenta a las federaciones de vecinos y a los promotores.
El presidente de la Asociación Empresarial de Promotores Inmobiliarios de Baleares, Luis Martín, considera que «realizar este cambio mediante una instrucción interna, que el ciudadano desconoce, no es lo suyo, y que una norma sea interpretativa provoca inseguridad jurídica». En su opinión «esto se debería haber hecho mediante una modificación del Plan General, (PGOU) con luz y taquígrafos». Tampoco ve suficientes los argumentos del consumo de agua –«qué pasa que las que están en plantas bajas no consumen»–, ni de la preservación del paisaje urbano, «si se ven es culpa de los sucesivos planes generales que han provocado que haya una diferencia loca de alturas de edificios». Por último, Martín defiende que «construir viviendas con las comodidades que la gente demanda no es malo».
En el caso del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Baleares (API), su vicepresidente, José Miguel Artieda, no está en desacuerdo con la medida pero también considera que las formas no han sido las adecuadas. «Esta medida se tendría que haber tomado en el marco de la revisión del Plan General de Palma, lo cual implica mayor información y tiempo de reacción para los ciudadanos. Así ha pillado por sorpresa y supondrá un agravio comparativo para las personas que se han comprado una vivienda pensando en hacer una piscina y ahora no podrán», declara Artieda. En cuanto al fondo, añade, «si lo justifican por motivos medioambientales y de impacto visual nos parece mal, aunque me gustaría saber cuántas piscinas de uso privativo hay en las azoteas de Palma».
Por contra, los vecinos lo tienen claro. El presidente de la Federació d'Associacions de Veïns de Palma, Joan Forteza, y el presidente de la Federació de Veïnats de sa Ciutat de Palma, Miquel Obrador, opinan que la medida es necesaria pero «llega tarde».
Forteza critica el problema de convivencia que implican cuando se destinan al alquiler turístico y entiende, además, que suponen «un lujo, en cuanto a gasto de agua, que no nos podemos permitir». Indica también que «existe un problema medioambiental añadido porque las piscinas usan para la depuración del agua sales y cloro, y cuando se vacían se vierten a la red, llegan a las depuradoras y estas sustancias matan los microorganismos que depuran las aguas, con lo que perjudican el sistema de depuración de las depuradoras».
Para Obrador «el agua es un tesoro y no es posible que se construyan tantas piscinas». Critica que «los barrios tradicionales y de primera línea han cambiado su morfología en los últimos años, donde antes había casitas de pescadores ahora hay viviendas de lujo, y ahora cuando ya es demasiado tarde se quiere remediar».
Mil piscinas ilegales
La FAAVV estima que en Palma hay entre 4.500 y 5.000 piscinas, de las que unas mil son ilegales, y un 25 % están en azoteas. Las dimensiones medias de estas piscinas, según Joan Forteza, son de 10x5x2 metros, lo que suponen 100 metros cúbicos o 100.000 litros de agua «y eso equivale más o menos a cinco camiones de transporte de agua potable de los que vemos por las calles, que tienen una capacidad aproximada de 20.000 litros», expone Forteza.