La Defensora de la Ciudadanía de Palma, Anna Moilanen, ha asegurado este miércoles que en 2018 se tramitaron más de dos centenares de expedientes y que Cort recibe mensualmente unas 1.400 quejas vecinales.
Moilanen, que fue nombrada responsable de la oficina de la Defensora de la Ciudadanía en 2016, ha facilitado este miércoles la memoria de 2018 en el transcurso de una sesión plenaria celebrada en Cort.
«El año 2018 resultó muy activo en todos los ámbitos», ha indicado. «Tramitamos más de 200 expedientes, mantuvimos más de 130 reuniones con diferentes administraciones y más de 40 con entidades ciudadanas», ha precisado.
«Mientras a Cort llegan unas 1.400 quejas al mes, a nuestra Oficina arriban entre 30 y 40 mensuales », ha precisado.
El grado de satisfacción del ciudadano, según Moilanen, varía según «si se soluciona su queja o no». «Cuando un ciudadano acude a nosotros, lo hace porque está desesperado; si logramos solucionar su queja se siente aliviado y si no es así, se frustra, claro», ha indicado.
La defensora de la Ciudadanía también ha relatado que en 2.018 su Oficina, situada en el número 2 de la Plaza Porta del Camp, solicitó más de 200 informes a las diferentes áreas municipales de Cort en relación a quejas de ciudadanos. «No todas las quejas se admiten a trámite», ha admitido.
Anna Moilanen ha desvelado que Cort ofrece «respuestas diferentes y, en ocasiones, contradictorias» según el área que aborda una determinada queja. De ahí que la Defensora de la Ciudadanía haya hablado de «limitación presupuestaria» a la hora de contratar servicios jurídicos externos para clarificar y unificar las informaciones que emite el departamento de Govern Interior del Ajuntament de Palma.
Según Moilanen, en 2018 se produjo un aumento «preocupante» de los problemas de convivencia entre vecinos, «a veces por falta de civismo y otras por falta de actuación de las Administraciones», según ha dicho.
Durante 2018, los expedientes que abrió la Oficina de la Defensora de la Ciudadanía estuvieron relacionados con quejas de Urbanismo, Policía Local, Emaya, Infraestructuras, Sanidad, Movilidad, Bienestar Social, Gobierno Interior, Participación Ciudadana, Economía y Hacienda, Alcaldía, Educación, Bienestar Animal y EMT, por este orden.
Según la Defensora de la Ciudadanía, en 2018 se resolvió -o está en trámite- el 51,45 de las reclamaciones presentadas, se suspendió el 2,90%, la renuncia fue del 2,90%, no fueron graves el 16,67%, se archivaron el 7,25%, estuvieron fuera de las competencias de la Oficina un 0,72%, necesitaron recomendación un 7,25% y fueron consideradas graves un 10,87%.
La problemática de las viviendas sociales de Camp Redó, la gestión de los espacios de titularidad privada y acceso público indeterminado, la recogida y gestión de residuos y las quejas por ruidos, fueron, según Moilanen, algunos de los problemas más relevantes detectados en 2018.