Propietarios de los locales de las galerías de la Plaça Major acusan al Ajuntament de Palma de obligarles a cerrar después de haber recuperado la gestión de sus propiedades, aproximadamente un 70 % de los recintos. «Es un chantaje a los propietarios, nos van a obligar a cerrar», reprocha el presidente de la comunidad de propietarios, Alejandro Capellá. En este punto, reclama al Consistorio que pague los 14.000 euros mensuales por los gastos de la comunidad, que es la proporción que le corresponde por las propiedades que tiene; así como los más de 300.000 euros que han dejado a deber los inquilinos de los locales que estaban en concesión.
Sin embargo, Cort no está dispuesta a abonar lo que le reclama la comunidad de propietarios, ya que considera que está disuelta desde que asumió la gestión de sus locales, el 12 de septiembre. Además, precisa que desde ese día se hará cargo de la limpieza, seguridad y mantenimiento de las galerías y avisa de que repercutirá a cada propietario la parte proporcional del coste de estos trabajos. Esto está provocando situaciones un tanto caóticas, ya que ahora mismo hay dos empresas de seguridad por la noche: la que paga la comunidad y la que ha enviado el Pacte desde que asumió la gestión de sus locales de las galerías. Capellá explica que tienen unas obligaciones contraídas con la empresa de seguridad que contrataron hace décadas y no pueden cancelarlas de repente.
Por otra parte, el Consistorio aún no ha recuperado todas las llaves de sus locales, pero desde el área de Govern Interior precisan que los inquilinos disponen de diez días para hacerlo. Cuando finalice este plazo se enviarán requerimientos a los que no lo hayan hecho, pero previamente tendrán que pasar por la Junta de Gobierno.
Críticas del PI
El presidente del PI Palma, Josep Meliá, califica de «nefasta» la gestión que ha realizado Cort de las galerías de la Plaça Major y advierte de la degradación que sufrirá esta zona de Ciutat. Con la finalidad de paliarla, en la medida de lo posible, el PI presentará una Proposición No de Ley (PNL) al Parlament para pedir que la tramitación del nuevo proyecto se declare de interés autonómico y se puedan acortar los plazos.