Un verano más, el cierre de las playas de Can Pere Antoni y Ciutat Jardí se presenta como una amenaza que se hace realidad cada vez que llueve, aunque no sean cantidades muy abundantes. La frecuencia con la que la bandera roja ondea sobre estas playas ya se asume con resignación, a la par que indignación, por parte de residentes y turistas que tienen que cambiar sus planes, ya que los vertidos obligan al Ajuntament de Palma a cerrar estas zonas de baño.
Entre mayo y octubre de 2018 el Ajuntament de Palma tuvo que cerrar las playas de Can Pere Antoni y Ciutat Jardí en 28 ocasiones debido a los vertidos. Desde el pasado mes de mayo solo ha habido dos cierres, ya que este año se han registrado menos episodios de precipitaciones.
Si llueve, el cierre de las playas es inevitable, ya que la depuradora actual es incapaz de asumir el agua de lluvia y se producen vertidos al mar. La solución definitiva a este problema pasa por la construcción de una nueva depuradora. Sin embargo, esta medida tardará en ser una realidad, ya que aún se encuentra en fase de tramitación.
En concreto, el Ministerio de Transición Ecológica ya ha adjudicado el anteproyecto y desde abril de 2018 se encuentra en fase de redacción.
Uno de los principales escollos de este proyecto es su elevado coste: 80 millones de euros. Aunque el Ajuntament de Palma tiene claro que la debe pagar el Gobierno central y parece que hay buena predisposición para ello y se incluye dentro de la actuación ‘Saneamiento y reutilización de la Bahía de Palma' (declarada de interés general y que se enmarca en el Plan de Medidas para el Crecimiento, la Competitividad y la Eficiencia que ejecuta el Ministerio para mejorar la calidad de las aguas), aún no hay un compromiso firmado y mucho menos una partida presupuestaria para ello.
Inestabilidad política
Además, el hecho de que aún no se haya constituido el nuevo Ejecutivo central y las dificultades que se están planteando pueden suponer un nuevo retraso en la construcción de la depuradora de Palma.
Sin embargo, se trata de una necesidad clara, ya que la del Coll d'en Rebassa tiene más de 40 años, está obsoleta y se encuentra al límite de su capacidad.
Desde el Pacte de Cort argumentan que se trata de un proyecto muy complejo y aseguran que durante el pasado mandato ya estuvieron trabajando en el mismo. En este sentido, precisan que a finales de 2015 tuvieron una reunión con representantes del Ministerio para desbloquear la situación y ahora el alcalde José Hila ha pedido otra para que se agilice el proceso lo máximo posible.
En este punto, destacan que Emaya ya ha realizado su trabajo y en los ejercicios 2015 y 2018 se adquirieron los tres solares necesarios para su construcción; han costado 3,1 millones de euros.
Además, Emaya trabaja en la construcción de un colector y un tanque de laminación desde el pasado mes de mayo, que permitirá reducir los vertidos en las playas de Can Pere Antoni y Ciutat Jardí en un 90 %. El problema es que estas obras no estarán finalizadas hasta julio de 2021, por lo que en los dos próximos años el cierre de las playas continuará siendo una amenaza más que real cada vez que llueva.
El coste de este proyecto asciende a 22 millones de euros, que serán financiados con el canon de saneamiento.
Desde Emaya explican que «cuando hay un vertido se activa un protocolo de actuación muy conservador y riguroso». Emaya comunica al servicio de playas todos los vertidos de aguas residuales y mixtas y se pone bandera roja. Cuando se detiene el vertido se toman muestras de agua y se analizan. En función de los resultados, se califican las aguas como aptas o no para el baño y se colocan las banderas correspondientes. Estas actuaciones están recogidas en la carta de compromisos de servicios de las playas, unos procedimientos de gestión de calidad certificados por AENOR.
La Conselleria de Salut hace ocho analíticas obligatorias anuales y Cort analíticas quincenales, así como cada vez que hay algún incidente que así lo recomiende. En el caso de los vertidos, Emaya toma muestras de agua después de cada episodio. Se analizan dos puntos de cada playa de forma regular y otros si hay incidentes. «El control es muy superior al mínimo marcado por la legislación», concluyen.