La Asociación Balear de Servicios Inmobiliarios (ABSI) ha considerado este sábado que la limitación del precio del alquiler en Palma «no es la solución» al problema de la vivienda en la ciudad y ha planteado la «necesidad» de construir más viviendas sociales, entre otros.
«La solución no debe ser la limitación del precio sino la construcción de viviendas sociales, ayudas económicas a inquilinos o incentivos fiscales a propietarios», han señalado desde ABSI en una nota en la que han remarcado que la limitación de precios al alquiler anunciada esta semana por la regidora de Vivienda Digna del Ajuntament de Palma, Neus Truyol, es un «experimento» que «no solucionará» el problema de acceso a la vivienda ya que «muchos propietarios sacarán su vivienda» del mercado, reduciendo la oferta.
«No nos podemos comparar con mercados como el barcelonés, berlinés o neoyorkino donde los alquileres están muy por encima de los precios de Palma, no es comparable» ha afirmado el presidente de ABSI, Toni Gayà.
Dudas sobre la regulación de la limitación
Desde ABSI han mostrado dudas respecto a la forma en la que se regulará la limitación anunciada por Cort, en referencia a los criterios, el números de habitaciones, los metros cuadrados de los pisos o la zonificación.
«Es importante que haya una preocupación por parte del nuevo equipo de gobierno de Cort en materia de vivienda y apoyamos la iniciativa de que todas las personas tengan una vivienda digna, pero no vale todo y mucho menos a costa de limitar los derechos de la propiedad privada», han considerado desde la entidad, que se ha ofrecido a «contribuir en la toma de decisiones» en materia de vivienda.
«No queremos parches que no hacen más que maquillar el problema sino políticas consensuadas que permitan aumentar la oferta de viviendas en alquiler para que el precio disminuya, cuanta más oferta tengamos más bajará el precio, es innecesario y poco social tomar medidas drásticas de limitaciones», ha considerado Gayà.
Finalmente, la asociación ha subrayado la «necesidad» de construir nuevas Viviendas de Protección Oficial (VPO) destinadas a alquiler social de manera «controlada y escalonada», así como ofrecer ayudas a inquilinos e incentivos fiscales a propietarios con el fin de reducir precios del alquiler.