Los restauradores de Santa Catalina ha decidido movilizarse ante los efectos catastróficos que, aseguran, les va a suponer la nueva Ordenanza Municipal de Ocupación de la Vía Publica, que al reducir de forma considerable sus terrazas supondrá pérdidas económicas medias del 20-30 %, pero que en algunos casos pueden ser mayores. Ello afectará a los trabajadores de bares y restaurantes, explica el presidente de la Asociación de Restaurantes de Santa Catalina, Bartomeu Mas.
La asociación de la zona, declara Mas, solicitará una reunión con el recién nombrado alcalde de Palma, José Hila, «porque entendemos que el PSOE, que es el principal partido, tuvo que aceptar la ordenanza porque formaba parte del acuerdo con Més y Podem, pero no estaban muy de acuerdo», por lo que ahora confían en que puedan darse algunos cambios. Además esperan ser escuchados por el nuevo regidor de Govern Interior, Alberto Jarabo, «porque Aurora Jhardi no llegó a recibirnos», critica. También está previsto presentar recursos por la vía judicial y no descartan protestas u otras medidas de presión.
La ordenanza fue aprobada el año pasado por el anterior equipo de gobierno, pero no ha entrado en vigor hasta este año. El problema para Santa Catalina es que modifica el espacio libre que debe quedar para el tránsito de peatones en las aceras, «y en el caso de este barrio, como en el casco antiguo aunque no se nos comunicó durante la negociación de la ordenanza, pasa de 2 a 2,5 metros, por lo que las aceras de menos de tres metros no pueden tener terraza», expone Más. Esta exigencia afecta sobre todo a calles tan importantes como Aníbal, donde los árboles reducen aún más el espacio, Sant Magí o la plaza Navegació. Por eso quieren que se elimine esa exigencia de los 2,5 metros de paso y que se deje en dos metros como en el resto de Palma.
Los empresarios achacan este cambio a «intereses políticos privados», reconoce Luis Morey, representante legal de uno de los restaurantes que ya ha presentado un recurso.
El abogado relata que «ni si quiera planteando informes de arquitectos en los que se demuestra que cumplimos con lo anterior, otorgan las licencias. La Policía ha comenzado a acosar y multar a los locales. Les han eliminado las terrazas a casi todos».
Mas añade que algunos locales tienen concedido el permiso de ocupación para este año, pero ya saben que no se les va a renovar, «por lo que en cuanto reciban la notificación por parte de Cort deberán retirar sus terrazas».
Por último, Morey recuerda que «en muchos casos se han eliminado terrazas que llevan mas de 15 años en marcha». Para algunos supone una pérdida de la facturación cercana al 50 % «lo cual significa que locales emblemáticos piensan en cerrar y los que no, en despedir plantilla… además del efecto que supone para la zona».