La tarifa mínima (que no tarifa plana) del aeropuerto a Palma del sector del taxi amenaza con crear un conflicto en el sector. De momento aun no ha entrado en vigor porque está pendiente de su aprobación por parte de la comisión de precios del Govern.
Lo primero que hay que aclarar es que no es una tarifa plana, sino una tarifa mínima de 16 euros. Solo en caso de que el cliente presente la tarjeta ciudadana, si la carrera son menos de esos 16 euros se le cobrará lo que marque el taxímetro entre los 13 (lo mínimo) y los 16 euros. Pues bien, es esta rebaja la que no aceptan parte de los profesionales, que no entienden por qué tiene que ser el taxista el que la asuma.
El presidente de la Agrupación de Auto-Taxi y Auto-Turismo de Baleares, Antoni Bauzá, se posiciona claramente en contra. Recuerda que el servicio del taxi no sube precios desde hace seis años y «ahora tenemos que aplicar un descuento a partir de una tarjeta que nosotros no gestionamos, ni sabremos si quien la presenta es el titular de la misma». Además, Bauzá insiste en que «hay confusión sobre lo que se debe cobrar, lo que se nos explicó no es lo que dice ahora el Ajuntament».
El presidente de la Asociación Sindical de Autónomos del Taxi de Mallorca, Biel Moragues, defiende esta tarifa, pero también insiste en aclarar que «no es plana» porque reconoce que «ya hay clientes que nos piden que les cobremos solo los 16 euros, marque lo que marque el taxímetro».
El concejal de Mobilitat, Joan Ferrer, desmiente que los taxistas vayan a perder con la rebaja en la tarifa mínima del aeropuerto, cuyo objetivo es «proteger al residente de los barrios más cercanos al aeropuerto, Can Pastilla y el Coll». Ferrer argumenta que todo el conjunto de la modificación de tarifas da como resultado el porcentaje de subida que estaba programada, «por lo que nadie pierde poder adquisitivo».
Falta muy grave
Antoni Bauzá no descarta que haya algún profesional del taxi que se niegue a llevar a residentes cuyo destino sean barrios cercanos al aeropuerto, como el Coll d'en Rabassa o Can Pastilla. «Se podría dar el caso, porque el enfado es manifiesto», admite el líder patronal. Pero Ferrer advierte de que «negarse a hacer una carrera es una falta muy grave y se abriría un expediente disciplinario sancionador al responsable».