«Anteriormente, el patrimonio de Palma eran los cuatro o cinco edificios más emblemáticos. Estos se mantienen, se han conservado, pero no otras edificaciones también valiosas que están en las barriadas. Es el caso de Can Coromina o de sa Torre den Puigdorfila, por ejemplo», señala Pere Ollers, el presidente de ARCA. «Vaya a los barriadas y pregunte a los vecinos: estas pérdidas les sientan mal, sienten que las imágenes de su infancia desaparecen», añade.
«El patrimonio es la muestra de la identidad de una ciudad, su piel, y al mismo tiempo su cuerpo. Desde esta perspectiva, cada demolición es un hachazo a Palma», manifiesta.
Uno de los aspectos que, según ARCA, favorecen estas demoliciones, es la ausencia de una normativa que proteja eficazmente dichas edificaciones. «Venimos de un planeamiento muy desarrollista que el gobierno de Ramon Aguiló supo contener pero que después se modificó para mal. Y tenemos esto. Ahora, recientemente, se ha tramitado una ampliación del catálogo, pero a nuestro juicio es insuficiente: no se han protegidos inmuebles que habría que proteger», considera. En este sentido, recuerda que la entidad que preside hizo una lista con más de 300 propuestas pero que Cort «solo aceptó menos de la mitad». «No me extrañaría que hubiera más demoliciones, atendiendo a la presión urbanística existente».
El valor de los solares
Ollers no achaca a los propietarios la culpa de las demoliciones. «Los propietarios tratan de sacar el máximo provecho posible de sus inmuebles. Visto así, es comprensible que si uno tiene un garaje o una casa de una sola planta y la normativa permite un bloque de hasta cinco plantas la quiera demoler para rentabilizar el solar», observa. ¿Qué hay que hacer, entonces? «Habría que penalizar las sustituciones y favorecer las reformas. Y los promotores deberían aprender que ello les daría un valor añadido, ganarían más».