La Asociación de Víctimas de Arbitrariedades Judiciales (JAVA) ha interpuesto una querella contra el alcalde de Palma, Antoni Noguera, y su antecesor en el cargo, José Hila, por presunta prevaricación administrativa con el mercado de San Juan y el depósito de Son Toells. «Durante el tiempo en que fueron alcaldes y, posteriormente, regidores de Urbanismo –y viceversa– habrían permitido el desarrollo de unas actividades sin las preceptivas licencias habilitantes, así como con incumplimiento de la normativa medioambiental en una de ellas».
La primera de las actuaciones que, según la asociación, habría dado lugar a un delito de prevaricación se remonta a la activación de los sistemas antiincendios del mercado de San Juan en mayo de 2016. La activación, según informe pericial, se produjo a raíz de las anomalías que presentaba el sistema de extracción de humos de los hornos ubicados en la pizzería del local 10. Sus conductos de evacuación se encontraban junto al rociador de incendios y, al usarse los hornos de forma simultánea, se alcanzaban temperaturas elevadas que provocaban que se disparase el dispositivo de extinción automática.
La querella recoge que la Sección 5ª de la Audiencia de Palma condenó a la gestora del mercado de San Juan y a la empresa que lo reformó a indemnizar con 23.709 euros al explotador del local 10 por las deficiencias del sistema antiincendios. La sentencia señala que la instalación era «incorrecta» desde el inicio de la puesta en funcionamiento porque los hornos debían evacuar el humo y el calor en un conducto independiente de la cocina y de su campana extractora.
El 18 de mayo de 2018, Ultima Hora publicó que Cort exigía al mercado de San Juan que tramite la licencia de actividad. El regidor de Urbanismo, José Hila, dijo que «se concederán los permisos que sea posible dar durante el proceso, y si no es posible al final se tomarán las medidas cautelares que correspondan con la parte del recinto que no tenga licencia».
Según JAVA, Hila admitió que «conocía que la actividad se desarrollaba sin ninguna licencia y que se tomarían las medidas cautelares que correspondieran. Pese a su peligrosidad e inadecuación urbanística, siguió permitiendo, junto a Antoni Noguera, su ejercicio, pese al riesgo que ello supone para quienes acuden al recinto».
Son Toells
La segunda de las actuaciones que para la asociación supone un delito de prevaricación tiene relación con el depósito de Son Toells, en sa Indioteria. «Hace ya casi un año que incumple gravemente la normativa medioambiental». La querella se basa en un informe del Seprona de la Guardia Civil en el que se explica que en el depósito faltan medidas de protección para evitar filtraciones de aceite o de cualquier otro líquido contaminante.
Estos hechos, indica JAVA, habrían sido puestos en conocimiento de Noguera e Hila «sin que exista constancia de que por los mismos se iniciara actividad alguna tendente a evitar la ilegalidad de la que tenían conocimiento y de la que, como máximos responsables de la corporación municipal, tenían la obligación de intervenir para asegurar el correcto cumplimiento de la legalidad vigente».