La regidora de Función Pública y Govern Interior del Ayuntamiento de Palma, Aurora Jhardi, y la coordinadora general, Joana Maria Adillón, han hecho balance y «rendición de cuentas» este lunes de los cuatro años de legislatura al frente del área y han asegurado que se ha dado cumplimiento al 77 por ciento de las medidas prometidas en 2015.
Según ha informado Cort en un comunicado, Jhardi ha destacado la «firme apuesta por los servicios públicos y los derechos laborales de las trabajadoras del Ayuntamiento». De un total de 13 medidas previstas en 2015, se han realizado diez y dos están en trámite.
«No solo hemos cumplido casi todo el programa, sino que hemos explorado todas las vías posibles para mejorar la vida de toda la gente que vive en la ciudad», ha dicho Jhardi.
Fuera de programa, hay que destacar la remunicipalización y recuperación de la gestión directa del servicio de atención 010, que ha supuesto un ahorro de 400.000 euros al año; la ampliación y adaptación de la tarjeta ciudadana a diferentes perfiles; la apertura en horario de tarde del OAC de Son Moix; y la inauguración de la Plaza 8-M, entre otros.
Asimismo, Adillón ha explicado que se ha destacado la recuperación de «derechos recortados», como por ejemplo la Carrera Profesional que en el anterior mandato se había suprimido al personal del Ayuntamiento, y se ha mejorado y aumentado su formación con el impulso a la Escuela de Formación o el Plan Formativo y de Igualdad.
También se ha garantizado el cumplimiento de la Ley de Incompatibilidad como garantía de imparcialidad, y se ha aumentado la plantilla de personal en 206 personas entre los cuatro años. «El año 2018 se añadieron 166 personas, la mayor oferta pública en 15 años», ha asegurado Adillón.
La regidora ha querido remarcar que el área es ahora «mucho más justa con su personal». Por su parte, la coordinadora general ha incidido en que se ha puesto «mucho trabajo, dedicación y recursos económicos».
En cuanto a la contratación pública, se han garantizado los principios de transparencia y libre competencia tanto en los contratos mayores como menores, acabando con el abuso de los negociados sin publicidad en los mayores o con la carencia de publicación de la tramitación de los menores.
También, por primera vez, se han introducido cláusulas sociales y ambientales en la contratación pública; y se declaró Palma «ciudad libre de paraísos fiscales» en 2016, pidiendo a las empresas declaraciones responsables.
Por otro lado, se han llevado a cabo «medidas valientes», como la ordenanza de ocupación de la vía pública, que ha ganado espacio para la ciudadanía en las calles con el fin de una buena convivencia entre esta y los comercios y una mayor accesibilidad para todo el mundo.
Por último, en cuanto a transparencia, se han cumplido hasta un 98,8 por ciento de las obligaciones de transparencia marcadas, siendo la puntuación más alta de todas las instituciones baleares y también una de las mayores de todo el Estado en esta materia.