La regidoria de Funció Pública, Govern Interior i Contratació está realizando una auditoría de gestión en el servicio de Infracciones Generales para saber por qué se cobran tan pocas multas. Ultima Hora publicó el pasado domingo que el Cort ha cobrado el 13,2 % de las sanciones que impuso en 2018 por incumplir las ordenanzas municipales.
La regidora de Funció Pública, Aurora Jhardi, precisa que ya se han aplicado mejoras, como la incorporación de una técnica, que no existía en el servicio. En su opinión, «la falta de personal, agravada este mandato por los casos de corrupción», es uno de los motivos que impide cobrar más multas que imponen los agentes de la Policía Local. Jhardi reitera que el cobro de multas es un tema técnico, en el que no entran los políticos.
El último año completo del gobierno de Mateo Isern se cobraron el 86,17 % de las denuncias.
El Sindicato Profesional de Policías Municipales de España (SPPME) denuncia que hace tres años advirtió a Seguretat Ciutadana que sería imposible tramitar todas las multas si no había coordinación entre las diferentes áreas del gobierno municipal. El presidente de la sección sindical de Palma, Óscar Rojas, sostiene que no ha habido coordinación. Además, acusa al Pacte de poner en marcha campañas que «buscan cifras elevadas de multas para dar la idea de que se está haciendo mucho trabajo, pero que resultan ineficaces porque luego no se cobran». También añade que no hay personal suficiente para tramitarlas. En su opinión, la gestión que está llevando a cabo el gobierno tripartito de Cort es «nefasta».
La edil de Seguretat Ciutadana, Angélica Pastor, responde que la Policía Local ha hecho su trabajo, que es poner multas, y destaca que el cobro de estas corresponde al departamento de Infracciones Generales.