El Congreso de los Diputados ha convalidado este jueves el real decreto ley de respuesta a la guerra arancelaria con el apoyo de Junts y el resto de socios de investidura, a excepción de Podemos que se ha abstenido, y con el rechazo de PP y Vox.
Este plan de respuesta y relanzamiento comercial movilizará más de 14.000 millones de euros con el objetivo de mitigar el impacto de la guerra comercial iniciada por Estados Unidos con la imposición de aranceles globales, de los cuales 7.400 millones corresponden a nueva financiación y otros 6.700 millones se movilizarán desde instrumentos ya existentes.
Las medidas del plan son las siguientes:
- Dos líneas de avales y financiación intermediada del Instituto de Crédito Oficial (ICO), dotadas con 6.000 millones de euros, para facilitar a las empresas afectadas el acceso a financiación y satisfacer sus necesidades de circulante.
- Un fondo de 200 millones de euros de apoyo a la inversión industrial productiva, para dar préstamos y participación en capital para modernizar o instalar nuevas plantas productivas.
- Ejecución del nuevo plan MOVES, dotado con 400 millones de euros, para incentivar la compra de vehículos eléctricos.
- Activación del mecanismo RED, que subvenciona los expedientes temporales de empleo (ERTE) para que las empresas «más golpeadas» mantengan sus plantillas hasta que su actividad se recupere. Se dará seguimiento en el diálogo social con patronal y sindicatos a las necesidades de los colectivos afectados.
- Recanalización de 5.000 millones de euros del Plan de Recuperación para que aquellas industrias y empresas afectadas puedan transformar y reorientar sus capacidades productivas hacia nuevos sectores con alta demanda.
- 2.000 millones de euros en seguros de crédito y coberturas de riesgo a la exportación para que las empresas exportadoras encuentren nuevos mercados.
- Otros 500 millones para la internacionalización de pymes. - Plan específico del ICEX que ayudará a los sectores afectados a afianzar su posición en Estados Unidos y acceder a nuevos mercados.
Dicho decreto-ley se publicó el 9 de abril en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y en el texto se incluyó la garantía de que la puesta a disposición de los fondos previstos para las empresas afectadas «se efectuará con respeto al equilibrio territorial».