El jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece este lunes ante los medios de comunicación para hacer balance de la legislatura tras una semana que ha puesto de manifiesto las dificultades que el Ejecutivo tiene en su mandato.
Siguiendo la práctica de presentar periódicamente el nivel de cumplimiento de los compromisos del Gobierno, Sánchez ofrecerá los últimos datos al respecto, analizará la actual situación política y económica, y expondrá sus expectativas de futuro. Lo hará después de presidir el último Consejo de Ministros del año y tras una semana que ha evidenciado las dificultades del Gobierno para sacar adelante sus iniciativas, ya que sus socios de investidura no conforman un bloque compacto que las avalen.
Pero tal y como ha venido destacando en sus últimas intervenciones, hará hincapié en que, pese a ello, han podido aprobarse 25 leyes que demuestran su capacidad de acuerdo. Fuentes del Ejecutivo han señalado a EFE que mientras muchos países de su entorno acaban el año con incertidumbre económica e inestabilidad política, España sí tiene estabilidad, logra aprobar reformas y cuenta con un reconocimiento internacional a su buen hacer en economía.
Complejidad a la espera de presupuestos
Sánchez, en su comparecencia tras la última reunión del año del Consejo Europeo, resaltó esa capacidad de acuerdo llegando a considerar un éxito parlamentario que las Cortes respaldasen el grueso de su paquete fiscal, aunque no pudo mantener el impuesto a las energéticas. Lo quería prorrogar con el apoyo de ERC, Bildu, Podemos y BNG, pero fue rechazado al unir sus votos otros dos socios de investidura, PNV y Junts, a los del PP y Vox.
Debido a ello, el Consejo de Ministros aprobará este lunes un real decreto ley (junto a otro que aumentará el gravamen al diésel) para extender el impuesto a las energéticas, aunque el Gobierno asume que es improbable que prospere al no tener apoyos suficientes en el Congreso.
Podemos, que reclama también ese impuesto, logró esta semana otro compromiso del Ejecutivo, aprobar este lunes un real decreto para prorrogar durante un año medidas del escudo social como la suspensión de los desahucios a colectivos vulnerables y extender seis meses más las actuales ayudas al transporte. A cambio, Podemos apoyó la ley de eficiencia de la Justicia y el PSOE pudo salvar el veto del Senado.
Todo ello ratifica la complejidad que el Gobierno tendrá en la negociación de los presupuestos generales para 2025 con sus socios, entre ellos Junts, formación que ha presentado una proposición no de ley para que Sánchez plantee una cuestión de confianza.
La Mesa del Congreso aplazó el martes su decisión de si acepta o no esa iniciativa, mientras el líder de Junts, Carles Puigdemont, advertía de que si se impedía su tramitación, la legislatura colapsaría.