La Mesa del Congreso ha decidido este martes aplazar su decisión sobre la admisión a trámite de la proposición no de ley de Junts que insta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a someterse a una cuestión de confianza, porque es una cuestión que, por su naturaleza, puede generar doctrina.
Fuentes de la Mesa han explicado que la iniciativa de Junts, presentada el pasado 11 de diciembre, conlleva «mucha carga jurídica» y por tanto puede sentar un precedente de cara al funcionamiento futuro de la Cámara baja. De este modo, han decidido estudiarlo con más detenimiento, lo que ya será en el próximo periodo de sesiones, que se abrirá en febrero del próximo año.
En el caso de que la propuesta fuera admitida por la Mesa en una nueva reunión, se debatiría ese mismo mes o incluso en marzo, en función del cupo que tiene cada grupo parlamentario para que se discutan en pleno sus iniciativas. El acuerdo se ha adoptado a instancias de la parte progresista de la Mesa, formada por PSOE y Sumar, que considera que la propuesta «tiene jurídicamente muchas opciones» y desde el punto de vista técnico requiere un estudio más profundo.
Así lo ha demandado el secretario primero de la Mesa y diputado de Sumar, Gerardo Pisarello, quien ha considerado que la iniciativa precisa un «debate sereno», mientras que el vicepresidente segundo, el popular José Antonio Bermúdez de Castro, ha entendido que no hay «ningún argumento de peso» que permitiera oponerse a su calificación. Finalmente se ha impuesto la mayoría progresista de la Mesa que ha tenido en cuenta el informe emitido este lunes por los servicios jurídicos del Congreso que no ponía trabas a su calificación, pero advertía al mismo tiempo de que el mecanismo promovido por los de Carles Puigdemont podría constituir «una moción de censura encubierta».
De acuerdo con el informe de los letrados, de aprobarse la iniciativa «carecerá de impacto jurídico» y su valor será por tanto «puramente político». No obligará a Pedro Sánchez a plantear la cuestión de confianza dado que esa competencia es exclusiva del propio presidente del Gobierno, a diferencia de la moción de censura que es potestad de los grupos parlamentarios. Aunque la Mesa tenía la posibilidad de pedir a Junts que reformulara la proposición no de ley, ha decidido estudiarla en su próxima reunión tal y como fue registrada. Tampoco ha solicitado al departamento jurídico de la Cámara informes adicionales.