El Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, ha comunicado al Senado que no podrá comparecer hasta febrero de 2025 para presentar la Memoria de la Fiscalía correspondiente a 2023. Según una carta enviada a la presidenta de la Comisión de Justicia, Yolanda Ibarrola, García Ortiz alega «compromisos adquiridos previamente» que le impiden acudir este diciembre.
Sin embargo, fuentes del Partido Popular (PP) han señalado que la agenda oficial del Fiscal General tiene varias tardes libres esta semana, por lo que sí podría haber solicitado comparecer. Desde el PP interpretan que García Ortiz pretende evitar rendir cuentas en la Cámara Alta.
Antecedentes y retrasos previos
Esta no es la primera vez que el Fiscal General retrasa su comparecencia en el Senado. El pasado 29 de noviembre, García Ortiz ya envió otra carta a Ibarrola para posponer su intervención, que estaba fijada para el 4 de diciembre. En aquella misiva también indicaba que no podría acudir el 18 de diciembre, otra de las fechas que él mismo había ofrecido con anterioridad.
La comparecencia de García Ortiz fue aprobada el 23 de octubre por la Mesa de la Comisión de Justicia, donde el PP cuenta con mayoría para la toma de decisiones. Desde entonces, se han producido varios retrasos y cambios de fecha por parte del Fiscal General.
El aplazamiento de la comparecencia hasta 2025 ha generado críticas por parte del principal partido de la oposición en España. Diputados y senadores del PP consideran que García Ortiz está tratando de eludir su responsabilidad de informar al Senado sobre la actividad de la Fiscalía durante el presente año.
Expertos en derecho constitucional señalan que, si bien el Fiscal General no está obligado legalmente a comparecer en una fecha determinada, sí existe un deber de transparencia y rendición de cuentas ante el poder legislativo. Retrasar la intervención más de un año podría interpretarse como una falta de colaboración institucional.
Posible impacto en la percepción pública
La decisión de García Ortiz de retrasar su comparecencia hasta 2025 podría tener un impacto negativo en la percepción pública sobre la independencia y la transparencia de la Fiscalía General del Estado. En un contexto de creciente polarización política en España, este tipo de controversias pueden alimentar la desconfianza ciudadana hacia las instituciones.
Será importante observar cómo evoluciona esta situación en los próximos meses y si se produce algún cambio en la postura del Fiscal General. También cabe esperar que los grupos parlamentarios, especialmente los de la oposición, sigan presionando para que García Ortiz comparezca lo antes posible y aclare los motivos de su decisión.