La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha abierto un expediente sancionador al Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de España (CGCOF) y a otros once colegios provinciales por recomendar a las oficinas que usen sus aplicaciones CisMED y FarmaHelp ante problemas de abastecimiento.
Según explica la CNMC en una nota, esta investigación tiene su origen en una denuncia presentada por Luda Partners, una empresa que también ofrece una aplicación digital de logística farmacéutica, contra el CGCOF y varios colegios.
Además del CGCOF, la investigación se amplía a los Colegios Oficiales de Farmacéuticos de Álava, Burgos, Córdoba, Guipúzcoa, León, Pontevedra, Santa Cruz de Tenerife, Toledo, Valladolid, Vizcaya y Zaragoza, por prácticas contrarias a los artículos 1 de la Ley 15/2007 de 3 de julio de Defensa de la Competencia (LDC) y 101 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).
En la denuncia, Luda Partners alegaba prácticas anticompetitivas en el mercado de herramientas digitales para la logística de las oficinas de farmacia y en la información reservada llevada a cabo por la Dirección de Competencia, en cuyo marco la CNMC inspeccionó la sede del Consejo General. A través de estos once colegios provinciales, el Consejo General habría realizado una recomendación colectiva (comunicados, circulares, etc.) para que los farmacéuticos utilicen las aplicaciones digitales CisMED (Centro de Información sobre el Suministro de Medicamentos) y FarmaHelp.
El propio CGCOF puso en marcha CisMED hace más de una década y, más recientemente, FarmaHelp, para ayudar a los pacientes a encontrar sus medicamentos en farmacias cercanas cuando hay incidencias de suministro. Este sistema tiene adheridas alrededor de 10.000 oficinas. Sin embargo, la CNMC subraya que existen otros competidores que ofrecen aplicaciones similares (como LudaFarma), «cuya implementación y desarrollo se habría visto afectada por la recomendación colectiva». La apertura de este expediente no prejuzga el resultado final de la investigación. Se abre ahora un periodo máximo de 24 meses para su instrucción y resolución.