Ninguna aseguradora se ha postulado para ofrecer cobertura sanitaria a los funcionarios a través de Muface durante los próximos dos años, ni siquiera alguna de las tres que hasta ahora daban cobertura, Asisa, DKV y Adeslas. Al concluir este martes el plazo para presentarse al nuevo concurso, ninguna empresa lo ha hecho, según ha confirmado Muface, que ahora trabaja en una nueva licitación, en principio con mejores condiciones, para ofrecer cobertura a 1,5 millones de personas, entre funcionarios y familiares, que, sin concierto, tendrían que integrarse en la sanidad pública.
Muface ha asegurado que todos ellos recibirán en 2025 y 2026 las mismas prestaciones sanitarias y sociales que en la actualidad «con arreglo a los mecanismos previstos en la Ley de Contratos del sector público». Para el concierto de 2025-2026 se propuso incrementar la cuantía total de la contratación a 1.337,05 millones de euros en 2025 y 1.344,55 millones en 2026, lo que suponía un incremento en la prima del 17,12 %, la mayor de la historia.
Sin embargo, este aumento estaba muy lejos de la subida del 38 % que las aseguradoras consideraban necesaria para que la prestación del servicio no sea deficitaria. Adeslas y Asisa sí apuestan por Judicatura y Fuerzas Armadas Los contratos que no han quedado desiertos son los que prevé la cobertura sanitaria al Instituto Social de las Fuerzas Armadas (Isfas), con cerca de 560.000 funcionarios y sus beneficiarios, y para la Mutualidad General Judicial (Mugeju) que atiende a cerca de 92.000 funcionarios del ámbito judicial y sus familiares.
Para esos contratos se han postulado Asisa y Adeslas, mientras que DKV tampoco se ha presentado a estas convocatorias también «obligada por la insuficiencia de la propuesta económica, que llevaría a un empeoramiento de la atención al paciente y a un deterioro de la retribución a los profesionales sanitarios», según ha dicho en un comunicado. SegurCaixa Adeslas, que era la que mayor cuota de mercado acapara en la cobertura a los funcionarios civiles del Estado -de los que el 65 % son profesores y un 17 % pertenece a cuerpos de la Administración General del Estado-, ha decidido quedarse fuera a partir del año que viene.
Sin embargo, sí se postula para dar cobertura a la judicatura y miembros de las fuerzas armadas por las características específicas que presentan estos colectivos, de un total de 650.000 personas, con unas «tendencias de demanda sanitaria que permiten un equilibrio entre la oferta de financiación realizada por la Administración y los costes sanitarios esperados». Así se ha expresado en un comunicado en el que no hace alusión directa alguna al hecho de que la edad media de esos colectivos tiende a ser menor que la de los funcionarios, con lo que previsiblemente sus necesidades sanitarias son menores.
Con esta decisión, Adeslas defiende mantener su compromiso con el sistema del mutualismo administrativo a través del cual «presta asistencia sanitaria desde hace décadas a los funcionarios que, año tras año, confían en la calidad de la prestación sanitaria que les ofrece». Asisa: Se pondría en riesgo nuestra solvencia Por su parte, Asisa dice que ha analizado con detalle los pliegos y ha deducido que en el caso de Isfas y Mugeju «se dan las condiciones mínimas para la continuidad del modelo a corto plazo».
En el caso de Muface, sin embargo, cree «que las condiciones establecidas en la licitación son insuficientes y no permiten mantener la actual calidad asistencial», defiende en un comunicado. A pesar de su «firme voluntad de mantener la vinculación con Muface», Asisa considera que la falta de una financiación adecuada junto a unas coberturas más exigentes en algunos aspectos que las que presta el propio Sistema Nacional de Salud (SNS) y la decisión del resto de entidades de abandonar el servicio a esta mutualidad le imposibilitan mantener la adhesión al modelo sin poner «en serio riesgo» su solvencia.
Por ello, insta a la Administración a replantear las condiciones de la licitación en el caso de Muface y explorar nuevas soluciones y alternativas para mantener un modelo que ha sido a lo largo de su historia un ejemplo de colaboración público-privada. «Así lo demuestra el alto nivel de aceptación por parte de los funcionarios que mayoritariamente eligen a una aseguradora privada para cuidar su salud», sostiene. DKV perdería más de 70 millones en dos años DKV explica que no participará en los próximos conciertos de Muface y Mugeju, en los que está presente ahora, por primera vez desde la creación de las mutualidades, tras haber perdido en el último concierto unos 70 millones antes de impuestos.
La aseguradora calcula que, de continuar, en 2024 habría que imputar 74 millones adicionales por las pérdidas estimadas del nuevo contrato de dos años. Es decir, casi lo mismo que en los tres años del convenio anterior. La compañía asegura que el modelo está infrafinanciado, ya que el gasto de prestaciones médicas en el último concierto ha sido más de un 10 % superior a la prima que ha recibido. Asimismo, en los últimos diez años, el gasto sanitario per cápita de las comunidades autónomas y las mutuas colaboradoras ha aumentado un 60,6 %, mientras que la prima ponderada de Muface ha crecido tan sólo un 31,6 %, casi la mitad del incremento.