Ángel Galindo, abogado de José Luis Peñas, el exconcejal del PP de Majadahonda (Madrid) que desveló la trama Gürtel y al que el Gobierno indultará este martes la pena de inhabilitación tras saldarle la Audiencia Nacional la de cárcel, ha valorado su concesión como «un reconocimiento por denunciar en beneficio de toda la sociedad española».
En declaraciones a EFE, el letrado que le ha acompañado desde que el exconcejal destapara el caso Gürtel en 2009, considera este indulto «uno de los más merecidos dados en Democracia», y destaca además que ha sido respaldado «de forma unánime por jueces y fiscales». El pasado 9 de octubre, el tribunal de la Audiencia Nacional que juzgó el macrojuicio de Gürtel dictó un auto, al que ha tenido acceso EFE, en el que señala que, transcurridos los tres años de suspensión de la pena de cárcel acordada para Peñas, se declara «la remisión definitiva de la pena de prisión impuesta» con el visto bueno de la Fiscalía.
De este modo, Peñas nunca ha ingresado en prisión por estos hechos. La Sala accedió a suspenderle la ejecución de la pena de cárcel el 5 abril de 2021, mientras su abogado, Ángel Galindo, tramitaba el indulto del exconcejal que fue clave para destapar esta trama de corrupción que se saldó con penas de cárcel para el extesorero del PP Luis Bárcenas, entre otros y la condena al partido por lucrarse de los beneficios de la trama en las localidades madrileñas de Pozuelo y Majadahonda.
Ahora el Gobierno atenderá esta petición en el Consejo de Ministros de este martes y dará luz verde al indulto parcial, referido únicamente a las penas de inhabilitación, según han adelantado a EFE fuentes próximas a Peñas. En febrero de 2021, el Tribunal Supremo ya informaba a favor de que el Gobierno le concediera el indulto parcial a Peñas, lo que le permitiría seguir trabajando de funcionario en el Ayuntamiento de Madrid.
Peñas fue condenado por delitos de asociación ilícita, cohecho, falsedad documental, fraude, malversación de caudales públicos y prevaricación, con la atenuante de confesión, a 4 años y 9 meses de prisión; 5 años y 1 mes de inhabilitación absoluta; 7 años y 6 meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público y 130.600 euros de multa. El Supremo argumentaba que gracias a su colaboración se había podido destapar la mayor trama de corrupción político empresarial conocida en España en los últimos años al presentar una denuncia y aportar conversaciones con el cabecilla de la trama, Francisco Correa. El Supremo siguió así el criterio de la Fiscalía, que respaldó el indulto parcial por razones de justicia, equidad y utilidad pública, como exige la Ley del Indulto, y por el arrepentimiento del condenado.