El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha decidido descartar el uso de las instalaciones del Aeropuerto Internacional de Ciudad Real para construir un Centro de Atención de Emergencia y Derivación (CAED) por «motivos técnicos».
Según han informado el Ministerio en un comunicado este jueves, la decisión se ha tomado después de «semanas de prospección» y el Gobierno continuará con estas labores para buscar otras instalaciones y recursos con los que hacer frente a la situación migratoria derivada de las llegadas irregulares a Canarias.
El anuncio llega después de semanas de polémica por la posibilidad de que el Gobierno pudiera dedicar esta infraestructura para la atención de migrantes, un plan que ha encontrado el rechazo frontal del Gobierno autonómico de Emiliano García-Page (PSOE) y del alcalde de la ciudad, Francisco Cañizares (PP).
El departamento que dirige Elma Saiz ha explicado que, «a pesar del incremento de las llegadas con respecto al último año», la situación actual y la proyección para el último trimestre hace que el Ministerio tenga que dirigir sus recursos «hacia otras alternativas».
Ha precisado que desde el Gobierno «se hacen prospecciones constantes por todo el territorio» para encontrar instalaciones que formen parte del Sistema de Atención Humanitaria y Protección Internacional. Un sistema que, ha subrayado, es «flexible» y «acorde a las necesidades» para aliviar los puntos de primeras llegadas, como Canarias, Baleares o el sur de la península.
El Ministerio seguirá adelante con las labores de prospección, para las que, ha recalcado, «resulta inestimable la solidaridad interterritorial y el apoyo de las diversas administraciones» con el fin de «hacer frente al desafío común de la migración».
Desde que trascendió que el Gobierno barajaba la posibilidad de instalar en el aeropuerto este dispositivo, el Gobierno autonómico de Castilla-La Mancha mostró su rechazo y tildó la idea de «barbaridad» y de «casi un campo de refugiados», llegando a cuestionar su legalidad.
El alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, también ha sido muy crítico con esta idea, que en su opinión era como construir «un auténtico campo de concentración para inmigrantes». Tras semanas de críticas, este mismo jueves los propietarios del aeropuerto han defendido, en un comunicado, la capacidad de las instalaciones para dar una acogida temporal a los migrantes y han lamentado la reacción «desmedida» de la Junta de Castilla-La Mancha.
Según el regidor de Ciudad Real, el centro podría albergar hasta 3.000 migrantes y, de acuerdo al Gobierno autonómico, reportaría un beneficio al aeropuerto de 1,3 millones de euros mensuales. Los CAED son Centros de Acogida de Emergencia y Derivación para dar atención a personas migrantes en situación de máxima vulnerabilidad.
Actualmente hay cuatro en España: en Cartagena, que se abrió en un antiguo hospital naval; en Mérida, en un centro que antes servía como albergue juvenil, y en Alcalá de Henares y Carabanchel (Madrid), estos dos últimos antiguos acuartelamientos militares.
Son centros en régimen abierto donde se les una primera atención humanitaria y, tras varias entrevistas y el estudio de sus necesidades, vulnerabilidades y sus redes familiares, se trasladan a recursos más adecuados para cada caso con el objetivo de facilitar su inclusión, ha recordado el Ministerio en su comunicado.
Parlamento balear rechaza instar al Govern a reafirmar su compromiso con la acogida de menores migrantes no acompañados
La Comisión de Asuntos Sociales del Parlament ha rechazado este jueves un punto de una proposición no de ley (PNL) que instaba al Govern a reafirmar su compromiso con la acogida de migrantes y de menores migrantes no acompañados, así como a colaborar de forma coordinada con los consells insulares. Este ha sido uno de los puntos rechazados, con los votos en contra de PP, Vox y el diputado Agustín Buades, de una PNL presentada por PSIB, MÉS per Mallorca, Més per Menorca y Unidas Podemos, defendida por los diputados Omar Lamin, Marta Carrió y Joana Gomila, relativa a la inclusión social de las personas vulnerables. Asimismo, la Comisión ha rechazado instar al Ejecutivo balear, a los ayuntamientos y a los consells insulares a garantizar la igualdad de acceso a derechos, recursos y prestaciones básicas de toda la ciudadanía, independientemente de su situación administrativa, así como a seguir facilitando el empadronamiento.