La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha citado esta jueves a las comunidades autónomas para abordar la elaboración del nuevo Plan Estatal de Vivienda y la ampliación del Bono Alquiler Joven. La reunión de la Conferencia Sectorial llega en pleno choque entre el Gobierno y el PP a cuenta de la vivienda, después de que la ministra amenazara hace una semana a las comunidades "insumisas" con obtener una menor financiación si no despliegan en su territorio la ley de vivienda y de que la formación de Alberto Núñez Feijóo haya presentado este miércoles su propio plan para abordar la crisis habitacional.
Fuentes del Ministerio de Vivienda aseguran que todas las comunidades han confirmado asistencia presencial a la cita de este jueves, en la que todo apunta a que el debate en torno a la ley de vivienda se colará en el orden del día. Las comunidades presididas por el PP rechazan de plano la norma aprobada en la pasada legislatura, mientras el Gobierno trata de presionar con la financiación. Rodríguez recordó la semana pasada a las autonomías que en torno al 70%-75% de los recursos destinados a esta política proceden de fondos estatales.
Así pues, desde el Gobierno confían en acercar posturas con las comunidades -no solo con las del PP, ya que solo Cataluña aplica las zonas tensionadas- a través del próximo Plan Estatal de Vivienda, que es uno de los motivos de la cita de este jueves. El Ejecutivo y las autonomías pretenden avanzar en la elaboración de esta hoja de ruta para el periodo 2026-2029, después de iniciar los trabajos a principios de julio con una primera reunión entre la ministra y los directores generales autonómicos del ramo.
El objetivo del Plan Estatal de Vivienda (PEV) -todavía en un estado muy incipiente, ya que el plan vigente no finaliza hasta 2025- es fijar las líneas maestras que guíen las políticas de vivienda. El Estado se compromete a través de esta hoja de ruta a transferir fondos a las comunidades que avancen en la dirección marcada. La semana pasada la ministra destacó que la ley de vivienda redobla el protagonismo del PEV, al permitir crear como anexo un "programa específico" con financiación adicional para aquellas comunidades que hayan declarado en su territorio una zona tensionada, algo que por el momento solo ha hecho Cataluña.
Más allá de la polémica en torno a la aplicación de la ley de vivienda, el Gobierno ha esbozado como "objetivo aceptable" para el nuevo PEV ampliar el parque público de vivienda hasta alcanzar el 9% en el que se sitúa la media de la Unión Europea. Por el momento, de cara a preparar el nuevo documento, el Ministerio se ha emplazado con las comunidades a se ha emplazado con las comunidades a analizar el funcionamiento del PEV actual, que ha movilizado 1.717 millones de euros para políticas de vivienda, de los cuales 1.440 millones han sido aportados por el Gobierno, según datos del Ministerio.
Además, el otro gran punto del orden del día es el Bono Alquiler Joven, según adelantó la propia Rodríguez a principios de septiembre. El Ministerio de Vivienda se ha comprometido a lanzar una nueva convocatoria tras la buena acogida de esta ayuda de 250 euros destinada a menores de 35 años para aliviar el pago del alquiler. El Gobierno destinó a esta línea 200 millones de euros anuales en 2022 y 2023, un monto que tiene voluntad de aumentar.
No obstante, la ministra de Vivienda ha repetido en reiteradas ocasiones la necesidad de analizar y evaluar cómo ha sido la gestión de esta ayuda, cuya ejecución corresponde a las comunidades autónomas. Desde el Gobierno ponen de manifiesto que "con los mismos elementos" ha habido muchas diferencias entre comunidades en la tramitando de los expedientes e instan a las propias autonomías a ampliar también sus propios recursos destinados a facilitar el acceso de los jóvenes a la vivienda y, en este caso particular, al alquiler.
Por último, los consejeros autonómicos también tendrán que dar cuenta al ministerio de la ejecución de los fondos procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. En el marco de este mecanismo europeo, el Gobierno ha transferido a las comunidades 5.520 millones de euros destinados a la rehabilitación y construcción de vivienda asequible.