El silencio mantenido hasta la fecha por parte del Gobierno de Pedro Sánchez en relación a la nueva situación fiscal hacia la que caminaría Cataluña en base al acuerdo de investidura de Salvador Illa y Esquerra (ERC) se quebró en las últimas horas. La vicepresidenta María Jesús Montero puso en duda que el acuerdo fiscal para el Principat pactado por el ya presidente de la Generalitat socialista y los republicanos sea un concierto económico. Montero invitó además a las comunidades autónomas a «inspirarse» en el mencionado acuerdo con el fin de «explorar otras rutas y caminos» en el sistema de financiación autonómica.
Pronto obtuvo una respuesta que trató de ser contundente, a pesar de que algunas voces la consideran más bien una gesticulación de cara a la galería. La portavoz de ERC Raquel Sans advirtió que el incumplimiento del acuerdo de investidura de Illa se traduciría en una automática retirada del apoyo parlamentario al PSOE, algo que según su visión tendría repercusiones claras tanto en La Moncloa como en el recién estrenado gobierno autonómico catalán. No está del todo claro si el disenso se encuentra en la denominación o más bien en el fondo del asunto.
Sea cual fuere el motivo de la discrepancia conviene no perder de vista que la aprobación de las leyes que implica la reforma tributaria plasmada en los documentos carece de momento de mayoría suficiente en el Congreso de los Diputados. Varios elementos de Sumar ya han expresado sus reservas al respecto; en el BNG, otro factor imprescindible en la ecuación, la susodicha financiación singular para Cataluña causa también algunas prevenciones.
Para que el nuevo escenario financiero se imponga en Cataluña harían falta con toda probabilidad los siete votos de Junts en la cámara baja. Su portavoz, Míriam Nogueras, ha asegurado en las últimas horas que ERC «no tiene ninguna credibilidad cuando amenaza con retirar su apoyo al PSOE», recordando que «en los últimos años en Madrid ha sido incapaz» de retirar su apoyo a los socialistas a diferencia del partido de Carles Puigdemont, que según sus palabras textuales se ha negado a colaborar con los socialistas cuando la situación lo ha requerido.
«Tendrán que dejar de esconderse y tendrán que salir a dar explicaciones» precisó Nogueras, para quien sus rivales soberanistas «durante dos semanas» han ‘vendido’ «un concierto económico inexistente». «ERC ha mentido y los socialistas han callado. Nosotros consideramos que los negociadores deben salir a explicarnos por qué nos han mentido a todos». Las palabras de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda también han tenido su reacción en el principal partido de la oposición. De este modo, el vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, ha dibujado un escenario casi apocalíptico, al señalar este jueves que la «independencia fiscal» de Cataluña podría suponer pérdidas de financiación de entre 6.000 y 13.000 millones de euros y ha recalcado que solamente en Sanidad «supondría 150.000 médicos o 25 hospitales menos cada año».
«La gente tiene que darse cuenta de que estamos en el escenario de que se van a perder servicios y van a pagar ellos con sus impuestos el precio que Pedro Sánchez necesita para ser presidente», ha afirmado Bravo en una entrevista radiofónica en un medio nacional. A su entender una financiación singular para Cataluña rompe «el sistema de financiación tal y como lo entendemos». La idea es compartida en el conjunto de los gobiernos regionales que encabezan los ‘populares’. Un caso claro es la Comunitat Valenciana, cuya portavoz y consellera de Hacienda, Economía y Administración Pública, Ruth Merino, aseguró que no sabe si Montero «toma por tontos a todos los españoles o simplemente miente descaradamente y sin ningún pudor».
«Me gustaría que la señora Montero de hoy escuchara a la señora Montero de hace escaso mes y medio, cuando en el Consejo de Política fiscal y financiera decía que la propuesta de Esquerra sí que era una suerte de concierto económico y además decía no estar de acuerdo con él». Para la representante del govern valenciano «si el acuerdo consiste en gestionar, en liquidar, en recaudar y en inspeccionar el cien por cien de los impuestos correspondientes a Cataluña, es decir, que Cataluña se queda con todo lo que recauda y luego negocia con el Estado para pagar un cupo por los servicios prestados, si esto no es concierto, que baje Dios y lo vea».