Varios presidentes y líderes autonómicos del PP creen que todavía hay margen para que su partido pueda al menos no rechazar mañana la toma en consideración de la reforma de la ley de extranjería si el Gobierno hace un gesto en forma sobre todo de financiación para la acogida de menores migrantes.
En este sentido se han manifestado varios de los presidentes y líderes autonómicos que este lunes asisten a las Junta Directiva Nacional a la que les ha convocado el presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo.
Los barones regionales del PP han cargado contra el Gobierno por su política migratoria y por querer derivar las soluciones hacia el PP.
Entre ellos, el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha declarado a los periodistas a su llegada a la reunión que "lo que no puede ser la Ley de Extranjería es un paso más del Gobierno para sacarse de encima un problema y trasladarlo a las comunidades Autónomas».
"Claro que tenemos que acoger migrantes, claro que tenemos que ser solidarios, pero eso empieza por una política migratoria del Gobierno y por unas condiciones para atender bien a estas personas. No sabemos nada de la financiación necesaria», ha argumentado.
El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha garantizado la solidaridad de su Gobierno en este ámbito, pero ha subrayado que necesita «la colaboración económica del Gobierno de España, que no llega o lo que llega es insuficiente».
Jorge Azcón, presidente de Aragón, cree que el Gobierno «no tiene voluntad de negociar», puesto que ha abordado la negociación con el PP »horas antes de que se inicie la tramitación« y a través de «unos whatsapps».
Azcón considera que esta reforma legal debería haberse tramitado como un proyecto de ley y que el Gobierno debería haber aceptado las propuestas del PP, «la principal de ellas la que tiene que ver con la financiación», porque "no puede ser que los menores en las comunidades autónomas vayan a cargo de las arcas autonómicas y que el Estado no esté ayudando como debería».
Fernando López Miras, presidente de Murcia, ha manifestado que «el Gobierno no ha hecho nada, ha mirado para otro lado» y ha demostrado «cero capacidad de gestión en un asunto tan complicado y de Estado como es la cuestión de los inmigrantes, de aquellas personas que vienen buscando una vida mejor».
Ha criticado además que, «sin contar con las comunidades autónomas», el ejecutivo de Pedro Sánchez "quiere imponer una ley que no da respuesta a un problema que en cierta parte o en cierto modo, ellos o han generado o no han dado la respuesta debida».
El vicepresidente de Canarias, el popular Manuel Domínguez, entiende que el Gobierno de España «no tiene ningún interés porque esta ley se modifique», aunque también que "hay margen" para que el ejecutivo de Sánchez acepte las propuestas del PP.