La Conferencia Episcopal Española ha respaldado la medida anunciada por el Gobierno para que los adultos tengan que verificar la edad para acceder a contenidos pornográficos en Internet.
«Apoyamos todo lo que sea un control de ello, es una gran plaga que tenemos», ha advertido este jueves el secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española, Francisco César García Magán, durante la rueda de prensa por la 267º reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal, celebrada los días 2 y 3 de julio.
Para evitar el acceso de menores a la pornografía y ante el dato «escalofriante» de la edad en la que los niños empiezan a ver páginas para adultos, el portavoz de la Conferencia Episcopal ha reclamado un Pacto de Estado. «Es escalofriante cuando se oye la edad de inicio de menores en pornografía», ha señalado.
«Tendría que haber un Pacto de Estado porque la pornografía hace daño a todos. Está detrás una reducción de la persona a ser un instrumento de usar y tirar», ha apuntado García Magán, quien ha pedido «un ámbito de respeto y dignificación» de la mujer ya que, en sus palabras, con el porno hay «una instrumentalización, una manipulación de la dignidad de la mujer».
Por lo tanto, el portavoz de los obispos ha dado la bienvenida a «todo lo que sean medidas de protección contra esa explotación», como la 'Cartera Digital Beta' que el Gobierno prevé que esté lista a finales del verano. Se trata de una aplicación móvil que incorporará un sistema de verificación de edad para que los menores no accedan a contenidos para adultos como la pornografía.
Además, la Conferencia Episcopal Española tiene previsto aprobar el próximo martes, en una Asamblea Plenaria extraordinaria, el Plan de reparación a víctimas de abusos en la Iglesia, que contempla un «apoyo económico» para las víctimas en los casos que hayan prescrito o en los que el agresor haya fallecido. Así lo ha anunciado este jueves el secretario general de la CEE al detallar que este plan se circunscribe únicamente a los casos en los que no es posible seguir con la vía judicial, pero sí que existe «una obligación moral».
«Habrá reparación económica para las víctimas que así lo soliciten», ha asegurado el portavoz de los obispos, que no ha querido ofrecer más detalles al respecto. Según ha explicado, la Comisión Permanente ha estudiado el «Plan de reparación integral a las víctimas de abusos sexuales a menores y personas vulnerables equiparadas en derecho» (PRIVA), se han realizado aportaciones al texto y se ha acordado convocar una Asamblea Plenaria extraordinaria el 9 de julio para que todos los obispos conozcan el texto y, si procede, den su aprobación.
En otro orden de cosas, el portavoz de los obispos españoles ha defendido que hay que hacer una «clarísima diferenciación» entre delincuencia y migración porque «si no se hace sería demagogia ideológica» al ser «dos cosas absolutamente distintas». «No podemos hacer una sospecha de delincuencia a todos los migrantes. Sería como años atrás cuando teníamos la lacra del terrorismo decir que todo vasco porque era vasco ya era un presunto terrorista», ha señalado este jueves el también secretario general de la Conferencia Episcopal Española.