ERC y Junts han iniciado la semana de la ronda de consultas para la proposición de un candidato a la investidura en Cataluña reforzando sus exigencias sobre financiación, mientras arrecian las críticas del PP y el Gobierno se esfuerza en defender su plan de conjugar lo global con lo singular. Por un lado, la portavoz de ERC, Raquel Sans, ha subrayado este lunes que los republicanos apuestan por que Cataluña salga del régimen común de financiación autonómica, igual que Euskadi y Navarra, un recordatorio que ha lanzado ante «algunas maniobras para intentar liar» y para «evitar tentaciones de confundir».
Por otro lado, el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha denunciado el «chantaje» del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a ERC, al ligar una financiación singular para Cataluña a la investidura de Salvador Illa como president, y ha puesto condiciones a un apoyo de Junts a los próximos presupuestos. La propuesta de «soberanía fiscal plena» que defienden los independentistas, o como suelen decir los portavoces de ERC controlar «la llave de la caja» de los recursos, significaría un modelo propio con el que Cataluña recaudaría y gestionaría todos los impuestos hasta casi 52.000 millones de euros.
Al PP esto le parece un «disparate», como lo ha calificado hoy el portavoz de esta formación en el parlamento madrileño, Carlos Díaz Pache, porque esa financiación, como ha argumentado el expresidente del Gobierno José María Aznar, supondría que millones de españoles van «a pagar el golpe de estado» y además van «a financiar la irresponsabilidad administrativa de los gobernantes separatistas catalanes».
No olvidan, además, la coyuntura en la que se genera este debate, en la que, como ha señalado el portavoz adjunto del PP en el Congreso, Rafael Hernando, Sánchez «va a decir que sí» a «cualquier cosa que le pidan sus socios catalanes» porque «o traga o cae». Mientras en la misma línea el portavoz de Vox, José Antonio Fúster, ha dicho que «pactar a cambio de dinero es muy viejo» y ha recalcado que Cataluña siempre ha estado «sobrefinanciada», los gobiernos autonómicos del partido de Alberto Núñez Feijóo redoblan sus críticas.
Entre ellos, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha denunciado el «robo» que en su opinión se propone hacer el presidente del Gobierno con la financiación singular para Cataluña, y su homólogo de Murcia, Fernando López Miras, ha tachado de «barbaridad» jurídica y «escándalo» político la posibilidad de una financiación singular para Cataluña para favorecer la investidura del socialista Salvador Illa.
El presidente gallego, Alfonso Rueda, ha señalado que la propuesta de negociaciones bilaterales es «inviable» porque va contra la igualdad de los territorios y el de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha respondido directamente al primer secretario del PSC, Salvador Illa, y su defensa de una «singularidad» de Cataluña en financiación, con una propuesta: cuando quiera «cambiamos cromos, a ver quién está más necesitado», quién hace «mayor esfuerzo» y quién está «más perjudicado». A su vez, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo (CC), que gobierna con el PP, ha considerado «peligroso» confeccionar una financiación «a la medida de Cataluña», ya que podría «quebrar» las relaciones entre el Estado y las autonomías.
Por parte del Gobierno, este lunes ha sido un ministro catalán el encargado de continuar con las explicaciones. El titular de Industria y Turismo, el socialista Jordi Hereu, ha manifestado que es «evidente» que Cataluña «necesita una mejora de la financiación», pero también ha defendido que esa mejora se puede lograr en el marco de la renovación pendiente del modelo para el conjunto de las autonomías. Y desde la dirección del partido, la portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Esther Peña, ha rechazado la posibilidad de que haya un concierto económico para Cataluña, como asegura que defendió en su momento Alberto Núñez Feijóo, y ha abogado por una financiación singular para varias comunidades autónomas más allá de la catalana.
En cambio, en los territorios el PSOE nada entre dos aguas al abordar este asunto y, después de las críticas directas de la semana pasada desde sus sedes de Castilla-La Mancha y Extremadura, hoy el consejero de Hacienda asturiano, Guillermo Peláez, ha asegurado que el Gobierno de Adrián Barbón seguirá defendiendo que el sistema de financiación tenga en cuenta «las singularidades de todas las comunidades para que los servicios públicos esenciales se presten en términos de equidad con el resto de españoles, y no se va a mover de ahí».
Quizá más claros han sido los socialistas andaluces, que han reiterado este lunes que no aceptarán ningún modelo que perjudique a Andalucía y se han comprometido a que si finalmente es así irán «de la mano» del presidente de la Junta, el popular Juanma Moreno, «donde haga falta» para defenderla. Sin embargo, en Valencia, el síndic socialista en Les Corts, José Muñoz, ha incidido en que el Gobierno de España está planteando que todas las comunidades se sienten en la misma mesa para reformar el sistema, «algo que no pasaba con los gobiernos del PP, que le llegaron a plantear a Cataluña una mesa bilateral».
En los socios y aliados del Gobierno también hay diferencias. Hoy el portavoz de Sumar y ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha respaldado un modelo de financiación «singular» porque el autogobierno catalán es distinto al del resto de territorios y esa singularidad la recoge el Estatut y no ha sido desarrollada. En cambio el síndic de Compromís en Les Corts Valencianes, Joan Baldoví, ha alertado de que si a la vez no se da solución a la de los valencianos entenderían que el Ejecutivo de Sánchez está «incumpliendo» su acuerdo y por tanto estarían «liberados» de cumplir su parte.