La defensa de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha solicitado al juez que abrió una investigación contra ella por los presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios que aclare qué hechos conforman la causa después de que se haya asumido la decisión de la Fiscalía Europea de quedarse con la parte relativa a la adjudicación de los contratos financiados con fondos europeos por la entidad pública Red.es.
En el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, el abogado de Gómez, el exministro del Interior Antonio Camacho, explica que dado que el procedimiento quedó acotado por orden de la Audiencia Provincial de Madrid «exactamente» a los hechos que se queda la Fiscalía Europea, la adjudicación de los contratos financiados con fondos europeos por la entidad pública Red.es a la UTE Innova Next SLU-Escuela de Negocios The Valley, ahora le surge la duda de qué queda en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, del que es titular el magistrado Juan Carlos Peinado.
Por eso, explica que, si bien es consciente de que no puede tener acceso al contenido total del auto que da respuesta al decreto de avocación del órgano comunitario, «sí entiende que la tutela del Derecho de Defensa» de Begoña Gómez requiere que por el juzgado «se aclare cuáles son los hechos que en la actualidad conformarían la causa que sigue siendo competencia del presente juzgado».
El letrado comparte en su escrito la parte dispositiva del auto firmado por Peinado el pasado 7 de junio sobre esa avocación. En él, el juez acepta la avocación y se inhibe del conocimiento de la pieza --la que abrió para compartir documentación con la Fiscalía Europea-- «y de las diligencias previas 1146/2024 de este juzgado, exclusivamente respecto de los hechos y delitos a los que se hace referencia en los fundamentos jurídicos primero de la presente resolución». Señala que esos hechos y delitos son los relativos a la adjudicación de los contratos financiados con fondos europeos por la entidad pública Red.es a la UTE en la que participaba el empresario Juan Carlos Barrabés, y que contó con cartas de recomendación de la esposa del presidente.
En esa parte dispositiva, Peinado matiza que acuerda esto «sin perjuicio de las irregularidades vinculadas a los anteriores hechos que pudieran ser constitutivas de ilícitos penales y en las que se vieran afectados fondos europeos». Precisamente, este martes trascendió que el juez también acordaba suspender las declaraciones de varios cargos de Red.es que pretendía interrogar en calidad de testigos este domingo después de que la Fiscalía Europea anunciara que asumía parte de la investigación. En esa providencia, el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid dejó sin efecto las citaciones del consejero delegado (CEO) de Red.es, David Cierco; el que fuera director general de Red.es Alberto Martínez Lacambra; el economista y abogado de Innova Next SL Luis Antonio Martín Bernardos; el director de la asesoría jurídica en Red.es, Ignacio Espejo Saavedra Hernández; y Luis Prieto Cuerdo, director de Economía de Red.es, entidad pública adscrita al Ministerio para la Transformación Digital.
Respecto a Barrabés, el juez acordaba, a la vista de los informes médicos y aun pendiente de los oficios que remitió al hospital donde está ingresado, suspender también su declaración prevista para el domingo 16 de junio. Sobre Luis Antonio Martín, si bien suspendió para el domingo, pasa su testifical al 15 de julio a las 10.00 horas. El juez, en cambio, no se pronunciaba sobre la declaración de la esposa del presidente del Ejecutivo para el 5 de julio, si bien esta comparecencia también se vería afectada por el decreto de avocación del órgano comunitario. La decisión de la Fiscalía Europea (EPPO, por sus siglas en inglés) de emitir dicho decreto para asumir parte de la causa se dio a conocer una semana después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se personara en la sede de la sociedad pública Red.es para recabar información con contratos que adjudicó a Barrabés y que están relacionados con la investigación por orden de la Fiscalía Europea.
Cabe recordar que el pasado 26 de abril este órgano comunitario se interesó por la causa y preguntó a Peinado, el juez que admitió a trámite la denuncia de Manos Limpias contra Gómez, si el procedimiento afectaba a contratos suscritos con fondos europeos. En ese decreto, al que tuvo acceso Europa Press, la EPPO pidió al juez que le informara de los hechos que investiga y que le precisara si en el procedimiento «estaría implicada la UTE Innova Next SLU-Escuela de Negocios The Valley», integrada por una sociedad propiedad del empresario Juan Carlos Barrabés, a quien Manos Limpias señala como beneficiario de las «recomendaciones o avales» de Gómez.
Los fiscales delegados Laura Pellón, Luis Miguel Jiménez y Antonio Zárate señalaron en dicho decreto que la Fiscalía Europea «podría, en su caso, llegar a ejercer su competencia» para investigar dichos contratos si así lo estimaban pertinente, por lo que solicitó al juzgado que le remitiese la documentación oportuna. En una providencia, a la que también tuvo acceso esta agencia de noticias, el juez de Madrid contestó que en los hechos que investiga constaban «procesos de adjudicación de distintos contratos, por parte de Red.es, entre otros a la UTE compuesta por las entidades 'Innova Next' --sociedad del Grupo Barrabés--, 'SLU Escuela de Negocios', y 'The Valley'».