Reporteros Sin Fronteras (RSF) ha exigido al Gobierno de la Comunidad de Madrid que cesen los «ataques y bulos» contra periodistas cuyas informaciones «les resultan molestas», una práctica que compara con lo que sucede en «las peores dictaduras y regímenes autoritarios del mundo». Así lo asegura la vicepresidenta de RSF España, Edith Rodríguez Cachera, en un comunicado en el que dice estar «profundamente alarmada» por las «graves imputaciones» vertidas desde el Gobierno regional contra periodistas de elDiario.es y El País.
Varios medios de comunicación han publicado este martes que dos periodistas de estos medios estuvieron en una supuesta residencia de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, en Pozuelo de Alarcón. Según sostiene elDiario.es, fue el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, quien habría difundido el «bulo» de que «periodistas encapuchados» habían intentado «asaltar» la casa de la presidenta.
De acuerdo con elDiario.es, es una información «falsa», y argumenta que no conoce si la presidenta tiene una propiedad en ese municipio, y de ser así niega que ninguno de sus redactores haya acudido allí nunca, aunque sí acudió un periodista «que se identificó en todo momento como redactor de elDiario.es» al bloque donde Ayuso vive con su pareja.
Allí, sigue explicando este periódico, habló con algunos vecinos. Sin embargo, desde el entorno de Isabel Díaz Ayuso han asegurado a Efe que sí son ciertas las informaciones que hablan de un presunto «acoso» a vecinos de la presidenta regional. A su vez, el Gobierno regional asegura que la Comunidad de Madrid ha solicitado al delegado del Gobierno, Francisco Martín, «seguridad permanente» en el domicilio de Ayuso por la presencia de periodistas en las cercanías, algo que, de acuerdo con Sol, la Delegación habría rechazado.
Sin embargo, fuentes de la Delegación del Gobierno han afirmado a Efe que no se ha recibido ninguna petición por parte de la Comunidad de Madrid ni ningún informe, y han apuntado que la Delegación no tiene competencias para poner seguridad. En la red social X, Martín se ha mostrado «indignado con la desinformación de ciertos medios sobre la protección de Díaz Ayuso» y ha tildado de «irresponsabilidad» dar detalles sobre la seguridad de una autoridad. «Les dan igual los desmentidos, les da igual todo», ha expresado.
En medio de esta controversia, Reporteros Sin Fronteras ha emitido el comunicado expresando su alarma por las acusaciones a los periodistas, «difundiendo fotografías y nombres de algunos reporteros» o las «amenazas directas» de Miguel Ángel Rodríguez a una directora de elDiario.es. «Identificarse como periodista de un medio y preguntar a vecinos y comerciantes para elaborar una información es una práctica absolutamente habitual y acorde con cualquier código deontológico de la profesión», sostiene RSF, que además critica que el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, haya recogido las informaciones falsas en su cuenta de X «sin aportar ninguna prueba».
«Estamos escandalizados con las imputaciones de delitos falsos, las maniobras de difamación, el esparcimiento de informaciones falsas y la vulneración de la protección de datos que procede, según denuncian los medios afectados, desde la Comunidad de Madrid contra periodistas cuyas investigaciones les resultan molestas», insiste RSF, que exige que cesen estos «ataques absolutamente incompatibles con la democracia y con la libertad de prensa».
También se ha referido a esta cuestión el secretario general de CCOO, Unai Sordo, que en declaraciones a los medios se ha solidarizado con los periodistas «que están siendo sometidos a una persecución, a un proceso de difamación por parte de la Comunidad de Madrid». Todo ello sucede después de la denuncia de la Fiscalía por fraude fiscal a la pareja de Díaz Ayuso, Alberto González Amador, investigado junto a cuatro personas por supuesta defraudación fiscal de 350.951 euros entre 2020 y 2021. La presidenta madrileña se ha desvinculado de la denuncia a la que se enfrenta su pareja, y ha acusado al Gobierno del uso «espurio» de los «poderes del Estado» contra un particular para «hacer daño a un adversario político».