El Gobierno trasladó a Vox en 2020 que la empresa implicada en el caso de las presuntas mordidas en contratos durante la pandemia de la COVID-19 de Koldo García, el asesor del exministro José Luis Ábalos, cumplía las condiciones para ser contratada por la Administración General del Estado, según consta en una respuesta escrita recogida por Europa Press.
En abril de 2020, Vox registró una serie de preguntas parlamentarias para conocer las razones que llevaron al Gobierno a adjudicar la compra de mascarillas a la empresa en cuestión, Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S.L., después de que la prensa publicara que los administradores de la compañía tenían un entramado de sociedades 'offshore' y que había sido investigada por el pago de sobornos a funcionarios para la construcción de un mercado de abastos en Luanda, entre otras.
Además, los de Santiago Abascal afirmaban que la empresa «no tenía actividad conocida desde 2017».
En sus respuestas escritas, recogidas por Europa Press, el Gobierno desgrana el proceso de contratación de la empresa y cómo se llevó a cabo el procedimiento.
Así, en el caso del Ministerio de Transportes, el estado de alarma decretado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez para combatir a la COVID-19 facultaba al departamento que entonces dirigía Ábalos a poner en marcha la contratación para proveer a su personal de mascarillas mediante un procedimiento de tramitación de urgencia.
El Ejecutivo explica que se recurrió a la contratación de Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S.L., «empresa importadora con trayectoria desde 1998 en el desarrollo y asesoramiento técnico en proyectos internacionales de salud, energía, agua e infraestructuras agrícolas», por ser «experta importadora en el mercado internacional».
Estas mascarillas venían de China porque la producción nacional de aquel momento no cubría la demanda, explican. No se siguieron los cauces habituales de contratación pública, según el Gobierno, en virtud del Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social de la COVID-19, que dispensa a la Administración General del Estado del cumplimiento de los requisitos formales, procedimentales y de publicidad de la oferta.
Al corriente con Hacienda
En todo caso, prosigue el Gobierno de Pedro Sánchez, antes de la contratación comprobaron que la empresa estaba «al corriente de sus obligaciones tributarias y de cotización» y que tampoco constaba que estuviera incursa en algunas de las causas que inhabilitan para contratar con el sector público.
El Gobierno incluye en una de sus respuestas a Vox otros dos contratos con Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas para el suministro de mascarillas a Puertos del Estado y a ADIF, por 20 millones de euros y por 12,5 millones, respectivamente.
Justifica que el domicilio fiscal de la empresa se encuentra en España, que garantizaba el suministro en un período breve de tiempo y a precio de mercado y que tendría las cuentas auditadas desde el ejercicio de 2008. «La empresa aportó la información requerida legalmente para contratar. Por lo demás, se desconoce cualquier dato ajeno al procedimiento de contratación», zanja.
La investigación judicial por la que ha sido detenido Koldo García investiga supuestas mordidas en contratos durante la pandemia de COVID-19 para suministrar mascarillas a los ministerios de Transportes e Interior, así como a comunidades autónomas como Baleares y Canarias.
El montante de los contratos de estas administraciones públicas supera los 50 millones de euros, según la estimación de los investigadores.