El trágala al que Pedro Sánchez tiene acostumbrados a buena parte de sus socios parlamentarios esta vez no surtió el efecto deseado. Junts avisó durante la mañana que no daría el ‘sí' a un texto de la Ley de Amnistía que no abordara una medida de gracia integral para todos los afectados, sin excepción. La que este pasado martes llegaba a su último trámite en el Congreso de los Diputados era, según la portavoz del partido de Carles Puigdemont en la cámara baja, una amnistía «en diferido». Esta vez Junts jugó a seguir acumulando foco mediático y protagonismo mediante el enredo de la escena política nacional. Apostando por no bajarse de su burro catalán, Junts puso firmes a PSOE y Esquerra (ERC) de una sentada.
Los rostros hablaron por ellos mismos este pasado martes en el Congreso. Si bien puede considerarse que Junts ganó la batalla moral de la jornada se antoja más discutible pensar que la formación catalana acabe llevándose a su terreno la guerra de la amnistía. El PSOE, criticado profusamente en los días precedentes por defender en el pasado líneas rojas que se acabaron demostrando maleables y móviles, dice ahora que 'hasta aquí'. No se mueve más. Ni hablar de incluir los delitos de terrorismo, como piden los independentistas de Junts, a raíz de las decisiones de algunos jueces de nuestro país como los que indagan en la denominada vía rusa del procés o las responsabilidades del entramado Tsunami Democràtic.
Pese al enfado por la oportunidad «histórica» perdida, en boca de algunos de sus protagonistas y posibles beneficiarios de la norma de gracia, los socialistas y los republicanos tratan de convencer a los de Puigdemont de que es imposible modificar una ley día tras día, a golpe de auto judicial, para blindarla de supuestos comportamientos que algunas voces tildan de lawfare. Es más. La plana mayor socialista tiene claro –y así lo ha expresado públicamente en las últimas horas– que acceder a las pretensiones de Junts condenaría la mencionada Ley de Amnistía, abocándola a la impugnación por parte del Tribunal Constitucional y al rechazo generalizado de unas instituciones europeas que, por el momento, se reservan su opinión en este tema tan espinoso como interno hasta que cuaje el texto final.
Los de Puigdemont dicen poner por delante a Cataluña y los intereses de sus gentes en todas sus decisiones. Lo que ha quedado retratado este martes en el Congreso es que la convivencia y la gobernabilidad del conjunto del Estado les trae al pairo. Están centrados en su particular competición con Esquerra por dominar el espectro soberanista catalán. No esperen demasiadas coincidencias entre ERC y Junts, con la pantalla de las elecciones autonómicas en el Principat al caer.
Por delante quedan quince días de negociaciones. La aprobación de los presupuestos se pospone, pero puede que eso no sea lo más grave que suceda para la coalición de gobierno. En verdad peligra la legislatura de Sánchez y la mayoría progresista y plurinacional, a pesar de que el superministro Félix Bolaños afirme que quedan todavía en el horizonte tres años y medio de labor. El PP ya se frota las manos, y Vox también lo haría si no anduviera apagando fuegos propios, como su sorpresiva desintegración en el Parlament balear. Aparentemente ningún actor principal puede permitirse el fin de la legislatura. No obstante las cosas de la política pueden deparar que eso sea, precisamente, lo que acabe ocurriendo. Veremos.